El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que “el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza debe cesar” y pidió moratoria a la condena de muerte, luego de que el país sentenciara a seis manifestantes a la pena capital.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió este jueves abrir una investigación sobre las denuncias sobre el uso “desproporcionado” de la fuerza por parte la Policía iraní en las protestas que sacuden al país hace dos meses por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, luego de haber sido detenida en Teherán por llevar mal puesto el velo islámico.
“En su 35° período extraordinario de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos decidió crear una nueva misión para investigar ‘presuntas violaciones de DDHH (..) relacionadas con las protestas que comenzaron el 16 de septiembre de 2022’”, informó el organismo en Twitter.
La resolución presentada por Alemania e Islandia fue aprobada por 25 votos a favor, seis en contra y 16 abstenciones en una reunión urgente del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Entre los países que votaron a favor se cuentan Argentina, Estados Unidos, Francia, Japón, México, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido y Ucrania, mientras en contra lo hicieron Cuba, China y Venezuela, entre otros, y entre los que se abstuvieron están Bolivia, Brasil, India, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Pocas horas antes, al inicio de la reunión de los 47 Estados miembros del Consejo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, había reclamado a las autoridades iraníes poner fin a la represión.
“El uso innecesario y desproporcionado de la fuerza debe cesar”, dijo Türk.
“Los métodos antiguos y la mentalidad de fortaleza asediada de los que tienen el poder sencillamente no funcionan. Sólo empeoran la situación”, dijo, y agregó que en la república islámica “se está produciendo una crisis total de derechos humanos”.
La ONU afirma que más de 300 personas murieron en Irán en la represión de las protestas desatadas hace dos meses por la muerte de Amini, de 22 años, luego de haber sido detenida en Teherán por llevar mal puesto el velo islámico.
El proyecto de resolución
Según el proyecto de resolución, esta misión de investigación internacional independiente tendrá que incluir “la dimensión de la violencia relacionada con el género”.
Esta semana, Türk dijo que más 300 personas murieron en las protestas, denunció un “endurecimiento” de la represión y llamó a Irán a imponer una moratoria inmediata a la pena de muerte, luego de que seis manifestantes fueran condenados a la pena capital.
Varias ONG afirman que los muertos son muchos más. Iran Human Rights (IHR) la eleva hasta 416 fallecidos, 51 de ellos niños.
Según Türk, unos 14.000 manifestantes, incluyendo niños, han sido detenidos en el contexto de las protestas, “una cifra descomunal”.
El Gobierno iraní envió una delegación a Ginebra a principios de este mes para instar a los países a votar en contra de la resolución, y acusó a los países occidentales de carecer de “credibilidad moral”.
“Los derechos del pueblo iraní fueron ampliamente violados por los llamados campeones de los derechos humanos a causa de la imposición de sanciones unilaterales por parte del régimen estadounidense y de la aplicación de estas crueles sanciones por parte de los países europeos, especialmente Alemania, Reino Unido y Francia”, dijo Khadijeh Karimi, una funcionaria iraní, en la reunión en Ginebra.
“Con una larga historia de colonialismo y de violación de los derechos humanos de otras naciones, Estados Unidos y Europa no deberían pretender ser los defensores de derechos humanos”, dijo recientemente la Cancillería iraní.
La reunión de este jueves se consideraba una prueba clave de la influencia de Occidente en el Consejo, tras el intento fallido contra Beijing, cuando fracasó la propuesta de incluir un debate sobre la represión contra la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang.
El Consejo ya expresó sus preocupaciones sobre la república islámica en materia de derechos humanos cuando nombró en 2011 a un relator especial para vigilar las acciones de Teherán. Su mandato fue renovado cada año.