La decisión se da luego de que el titular de la UFIC N. º 2 de Capital, Raúl Pasetto, resolviera archivar la denuncia presentada por una mujer, quien acusó a un vecino —identificado como Adolfo Centurión— de haber abusado de su perra, llamada “Alita”.
El planteo fue revisado a partir de un pedido de la abogada de la denunciante, Liliana Gómez, quien sostuvo que el hecho denunciado sí configura un delito en el marco de la legislación vigente sobre maltrato animal.
En su dictamen, Sotelo respaldó este criterio y puso el foco en las lesiones sufridas por el animal, las cuales fueron constatadas por profesionales veterinarios y serían compatibles con el acto denunciado. En ese sentido, ordenó la reapertura del legajo de investigación fiscal (LIF) y remitió la causa al fiscal Jorge Antonio Casarotto, a cargo de la UFIC N. º 9.
Uno de los puntos centrales del análisis radica en la interpretación de la Ley Nacional N. º 14.346. Si bien la zoofilia no está expresamente tipificada en la norma, el Fiscal General consideró que el hecho puede encuadrarse dentro del artículo 3, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales, incluyendo causarles sufrimientos innecesarios.
“El sometimiento sexual de un animal constituye un claro acto de crueldad”, sostuvo Sotelo, al tiempo que remarcó que se trata de un tipo penal abierto, que no requiere una descripción específica para ser aplicado cuando se verifican daños concretos.
De esta manera, el jefe de los fiscales consideró que existen fundamentos suficientes para continuar con la investigación y avanzar en la posible persecución penal del acusado, dejando sin efecto el archivo dispuesto en primera instancia.