La empresa yerbatera y tealera cuestiona los anticipos de Ingresos Brutos y asegura que le retienen montos muy superiores a su obligación real. Corrientes se sumó al reclamo por el impacto en su economía.
La firma Las Marías, reconocida por la producción de té y yerba mate en la localidad correntina de Virasoro, inició una demanda judicial contra el Gobierno de Misiones por la aplicación de un sistema de anticipos del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) que considera desproporcionado e inconstitucional.
El planteo apunta contra un esquema implementado por la Agencia Tributaria de Misiones que incluye retenciones, percepciones y pagos a cuenta, conocido en el sector empresario como “aduana paralela”. Según consta en el expediente, la compañía denunció que mensualmente le detraen de sus cuentas unos $333 millones, mientras que su obligación promedio por IIBB ronda apenas los $2 millones, lo que representa una diferencia superior al 17.000%.
A estos montos se suman otros conceptos, como anticipos por mercadería que ingresa a la provincia, detracciones a clientes y percepciones específicas sobre plantas de procesamiento. En total, la empresa aseguró que los pagos a cuenta ascienden a unos $598 millones mensuales, lo que proyectado en un año alcanza los $7.171 millones, frente a una obligación anual estimada en $23 millones. Según la firma, esto implica que se le retiene el equivalente al 30.718% del impuesto real, o unos 307 años de tributos adelantados.
En su presentación, Las Marías también advirtió que esta situación le impidió avanzar con inversiones en Corrientes, en el marco de un programa provincial para ampliar la producción yerbatera. La compañía sostuvo que el régimen cuestionado la coloca en un escenario de incertidumbre que dificulta cumplir con su plan de negocios.
Por este motivo, solicitó la intervención tanto del Estado correntino como del Gobierno nacional. La provincia de Corrientes se presentó en la causa como “tercero” y respaldó el reclamo, al considerar que la política tributaria misionera afecta su autonomía, impacta en la recaudación local, el empleo y desalienta inversiones privadas.
Además, advirtió sobre posibles consecuencias en el desarrollo económico provincial y riesgos de “gravedad institucional” en el sistema financiero.
En cuanto al estado de la causa, la empresa señaló que hasta comienzos de 2025 contaba con excepciones que atenuaban la carga fiscal, pero estas fueron suspendidas. A partir de allí, inició la demanda y logró inicialmente una medida cautelar favorable dictada por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, que frenó la aplicación del régimen.
Sin embargo, ese tribunal luego se declaró incompetente y remitió el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al tratarse de un conflicto entre provincias. En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Misiones intervino, se declaró competente y dejó sin efecto la cautelar, por lo que el esquema impositivo volvió a aplicarse.
Meses atrás, la Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte debe intervenir en el caso, al considerar que existe una disputa judicial que involucra a dos provincias. Actualmente, el expediente ya se encuentra en análisis dentro del máximo tribunal.