LA SUMA FIJA QUE PENSABA OTORGAR MASSA A LOS TRABAJADORES YA CASI FUE ABSORBIDA POR LA DEVALUACIÓN

(Pablo Roma, Gremiales) – En los días previos a las elecciones primarias (PASO), el Ministerio de Economía había prometido otorgar una suma fija a los trabajadores después de los comicios. Sin embargo, los acontecimientos tomaron un rumbo distinto, como solían decirse, y la situación cambió. La devaluación que el gobierno implementó al inicio de la semana ocurrió un aumento del 22% en el valor del dólar.

En el mes de mayo, según los datos provistos por el Observatorio del Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, el salario promedio, englobando a todas las categorías laborales (formales, informales y monotributistas), ascendía a 303 mil pesos brutos. Considerando la posibilidad de que este salario no hubiera experimentado incrementos por medio de paritarias, se estima que la devaluación resultaría en una pérdida de poder adquisitivo del 5%. Esta cifra se toma como referencia la merma de poder adquisitivo que los salarios sufrieron en enero de 2014 cuando el dólar se devaluó un 23% bajo la administración de Axel Kicilof. No obstante, la actual coyuntura económica es aún más complicada.

Deduciendo el 5%, el salario promedio quedaría en 287.850 pesos. Inicialmente, se rumoreaba que el monto a ser otorgado después de las PASO alcanzaría los 30 mil pesos, lo que llevaría el salario promedio a 317.850 pesos, es decir, 14 mil pesos más que los 303 mil iniciales.

Recientemente, se reveló que la inflación mensual en julio llegó al 6,3%, acumulando así un incremento del 113,4% durante los últimos doce meses. Este incremento se vio agravado por las minidevaluaciones diarias (modelo “crawling peg”) y los aumentos tarifarios, impuestos en respuesta a las demandas del FMI. Asimismo, en julio influyó la subida de precios de ciertos productos importados debido a la introducción del “dólar agro” y el “dólar maíz”, así como la aplicación del impuesto PAIS.

Esta realidad hace que la inflación anual supere los tres dígitos durante más de seis meses consecutivos.

La situación se complica aún más en agosto debido a la repercusión de la devaluación que tuvo lugar después de las PASO, resultado de un acuerdo entre el Ministro Massa y el FMI. Diversas firmas privadas de consultoría estiman que la inflación para agosto podría oscilar entre el 10% y el 14%, pudiendo incluso alcanzar el 20% en septiembre. Si esto ocurre, sería la primera vez en más de dos décadas que la tasa de inflación supera el 10% en un solo mes.

Desde la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi argumenta que esperan una inflación del 13% para agosto y septiembre, lo que podría llevar a una acumulación del 160% hasta octubre y una tasa de inflación anual de alrededor del 200%.

Econometría y Ferreres, al igual que Equilibra, prevén una medición del 11% en el IPC del Indec. Alfredo Romano, Director de la consultora económica Romano Group, lamenta que este análisis de la tasa de cambio oficial sugiere la entrada en un nuevo régimen inflacionario para el segundo semestre, con una inflación mensual del 10%.

María Castiglioni, economista de la consultora C&T Asesores, señala que los datos actuales reflejan un aumento notable del 4% semanal en los alimentos, con un incremento de casi el 7% en el precio de la carne. En comparación con la misma semana de julio, la inflación total aumentó un 9%, y para agosto se espera un alza cercana al 9% debido al impacto de la depreciación del tipo de cambio.

Guido Lorenzo, de la consultora LCG, sugiere que, con la devaluación del 22% más la inercia del 10%, es posible que una parte de esta devaluación sea reflejada en los precios, llevando la inflación mensual a un 15%.

La situación económica se torna cada vez más desafiante, con la inflación acelerándose y una posible entrada en tasas de dos dígitos mensuales, según Gabriel Caamaño de la consultora Ledesma.

La afectación negativamente los salarios reales y los ingresos de los trabajadores, especialmente aquellos en los niveles de ingresos más bajos, así como los ocupados informales, cuyo poder adquisitivo ha disminuido más del 42% desde la administración anterior y durante la gestión actual del Frente de Todos.

En respuesta a la devaluación, que beneficia a los grandes empresarios y al FMI pero afecta a la mayoría de los trabajadores, se hace urgente la organización de los trabajadores en sus respectivos lugares de empleo. Se requieren asambleas y demandas para que las direcciones de la CGT y la CTA lideren un paro y un plan de acción con el fin de proteger los salarios de todos los empleados, formales e informales, así como de los jubilados y beneficiarios de programas sociales.

Es imperativo enfrentar esta crisis con unidad y solidaridad, reuniendo a los sectores distintos que están siendo divididos desde las esferas superiores. La lucha conjunta debe unir a los trabajadores formales, sus organizaciones y los movimientos sociales y desempleados.

La prioridad es la defensa del salario. Se requieren medidas más efectivas para combatir la inflación, así como medidas de emergencia para restaurar lo perdido en los ingresos de jubilados, empleados y programas sociales. El objetivo es garantizar que nadie gane menos que el costo de una canasta básica, actualmente valorada en 232.427 pesos, con miras a alcanzar un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, calculado en 363.570 pesos por los trabajadores del Indec.

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