La pesca ilegal en Argentina se ha convertido en un problema crítico que pone en peligro no solo la riqueza de nuestros océanos, sino también la estabilidad económica del país.
En una decisión que confirma las denuncias de organizaciones proteccionistas, el Gobierno de España impuso una multa de 146.500 euros a cinco empresas pesqueras con base en Las Palmas de Gran Canaria por navegar en alta mar cerca de las costas de la Argentina, con el geolocalizador apagado.
La Dirección General de la Marina Mercante tomó esa decisión a raíz de un informe de la organización ecologista Oceana que desde hace varios años viene advirtiendo sobre las maniobras irregulares que realizan en la frontera de las aguas argentinas pesqueros de países como China, Corea del Sur, Taiwán o España.TE PODRÍA INTERESAR
El AIS (por sus siglas en inglés) es un sistema de localización automática vía satélite que numerosos buques están obligados a llevar a bordo y siempre encendido, entre ellos este tipo de pesqueros, tanto por seguridad, como para que quede constancia de su ruta.
“Oceana aplaude este admirable paso dado por el gobierno español para tomar medidas contra los buques que abiertamente incumplen las normas como si estuvieran por encima de la ley”, afirmó el Dr. Max Valentine, director de campaña de Oceana. “Obligar y hacer cumplir el uso de dispositivos AIS es crucial para aumentar la transparencia de la pesca en el mar”, agregó.
Tras recibir esta denuncia, España pidió ayuda a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, que certificó a través de los satélites del sistema de seguimiento ‘SafeSeaNet’ que 25 buques denunciados por Oceana habían infringido en varias ocasiones entre 2020 y 2021 la obligación de llevar el AIS encendido en todo momento.
La legislación solo permite que geolocalizador esté apagado por dos motivos: por avería o por razones de seguridad, y en ambos casos el patrón del barco debe comunicarlo y dejar constancia de ello en el diario de navegación. Como nada de eso se hizo, la administración entiende que apagaron el equipo sin causa justificada.
“Saludamos la decisión de la administración española de dar un paso más a favor de la transparencia en el sector pesquero”, afirmó el asesor de la campaña de pesca ilegal y transparencia de Oceana en Europa, Ignacio Fresco Vanzini.
Según información de EFE, la Dirección General de Marina Mercante precisa que “no entra a juzgar los motivos que pueden esconderse detrás de la acción del patrón de desconectar el sistema AIS del buque, porque, en realidad, son irrelevantes para la resolución del procedimiento”.
“El posible beneficio que puede obtener una embarcación pesquera desconectando el AIS es evidente y de lo más diverso, desde querer ocultar su posición para poder faenar en zonas prohibidas a no querer revelar su situación a otras embarcaciones o buques pesqueros con fines relacionados con la pesca y así evitar la competencia, por lo que es habitual que este tipo de buques cometan la infracción que aquí se persigue, obviando las precauciones inherentes a la seguridad y tráfico marítimos”, añade.
El vacío legal de la milla 201
La denominada “milla 200” constituye el límite jurisdiccional entre las aguas territoriales argentinas y el vasto mar que se extiende hacia África o la Antártida. Argentina tiene 200 millas y luego, más allá, es altamar donde rigen libertades de navegación y pesca para todos los Estados.
“Si operan afuera de las 200 millas, no hay ningún instrumento jurídico nacional ni internacional que le permita a la Argentina, como Estado ribereño, realizar una acción coercitiva contra buques pesqueros extranjeros para que cesen su actividad. Este es el quid de la cuestión ligada a las limitaciones legales para resolver la problemática ambiental producto de la actividad de la flota de pesca extranjera en la milla náutica 201”, explicó el Prefecto Mayor (RE) Sergio Almada, diplomado en Políticas para Futuro Sostenible del Mar.
“Las embarcaciones foráneas que pescan en adyacencias de nuestra Zona Económica Exclusiva, afectan los ecosistemas marinos e intereses argentinos en el Atlántico sur. La Justicia argentina no puede impedir la pesca a gran escala en alta mar, donde prima el principio de jurisdicción exclusiva del Estado de bandera. Esto significa que el Estado de bandera del barco, como puede ser China, Corea, Taiwán, Portugal o España, es el único que puede controlar al buque pesquero en alta mar”, manifestó Almada en declaraciones a Pescare.
“Unilateralmente la Argentina, como Estado ribereño, y la Prefectura no pueden hacer nada más allá de sus 200 millas, excepto que haya un incidente sobre la plataforma continental, en la cual tenemos derecho de soberanía aún más allá de las 200 millas”, dijo Almada, resaltando también los daños económicos causados por esta práctica, debido a que se capturan especies como el calamar y la merluza que habitan adentro y afuera de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina”, añadió Almada.
Falta de políticas y control favorecen pérdidas millonarias
Argentina, con su extenso litoral marítimo, posee un potencial pesquero destacado a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de la riqueza de nuestros mares, la falta de políticas concretas y una visión estratégica a largo plazo han llevado a que la explotación de esta valiosa industria no alcance los niveles lógicos. La consecuencia directa de esta falta de gestión es que, a pesar de tener el tercer litoral más extenso del mundo, Argentina ocupa el tercer lugar en pérdidas económicas a nivel global debido a la pesca ilegal.
La carencia de medidas efectivas de control no solo deja a nuestro país sin aprovechar sus propios recursos, sino que también permite que otras naciones se beneficien económicamente mediante prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La situación es alarmante: Argentina pierde anualmente hasta 3500 millones de dólares debido a estas prácticas ilícitas.
El último informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) revela que a nivel mundial las pérdidas por la pesca INDNR alcanzan hasta USD 50 mil millones. Argentina se encuentra en el podio de las naciones más afectadas, siendo el mayor damnificado en Latinoamérica. Las pérdidas económicas anuales ascienden a 3500 millones de dólares, cifra solo superada por los casi USD 12.000 millones que África pierde en su conjunto y los USD 4000 que se le sustraen a Indonesia.