El fiscal Álvaro Garganta recibió el viernes toda la documentación aportada por Asuntos Internos de la fuerza provincial. Hasta el momento se observan los eventuales delitos de malversación de fondos y falta a la ley orgánica. Cómo sigue el caso.
La Justicia ya comenzó a analizar toda la documentación aportada por Asuntos Internos de la Policía Bonaerenses respecto de los 24 efectivos separados acusados de llevar adelante una conspiración contra los jefes policiales de la fuerza y favorecer al candidato a legislador provincial de la tercera de La Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko.
Según pudo saber , la fiscalía a cargo de Álvaro Garganta hizo una primera lectura de la documentación obtenida e identificó posibles delitos como malversación de fondos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario, pero no encontró evidencia de una conspiración para atacar a las autoridades policiales ni al Ministerio de Seguridad, como sostuvo el gobernador Axel Kicillof.
De cualquier manera, este lunes se esperan las primeras medidas de prueba, que serán pedir las computadoras que usaban estos policías, y toda la documentación completa de la denuncia anónima que luego devino en una investigación de Asuntos Internos y la posterior separación de estos uniformados.
El expediente se originó a partir de una denuncia anónima recibida por la Auditoría General de Asuntos Internos, pocos días después de que se confirmara la candidatura del excomisario Maximiliano Bondarenko como legislador por La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral.
Los policías bonaerenses separados: la Justicia todavía no halló elementos de conspiración y lanza medidas
La presentación incluía una gran cantidad de documentación: capturas de pantalla, audios, correos electrónicos y listados de un supuesto grupo de WhatsApp en el que los agentes implicados habrían coordinado actividades políticas prohibidas por la normativa policial.
En ese contexto, el Ministerio de Seguridad bonaerense —que conduce Javier Alonso— ordenó allanamientos y auditorías preventivas para preservar pruebas. Según fuentes oficiales, los peritajes confirmaron que varios de los documentos señalados efectivamente fueron elaborados desde computadoras del Ministerio, y que algunos fueron elevados a legisladores opositores.
El objetivo de esa operatoria, según la acusación, era favorecer políticamente a Bondarenko y eventualmente influir en decisiones internas de la fuerza, como el recambio de jefaturas.
Contrariamente, el Ministerio de Seguridad de la Nación realizó una denuncia por persecución ideológica y posible espionaje contra los efectivos de la Policía Bonaerense.
Sin embargo, para la fiscalía, en principio, la conducta de los efectivos no constituye una conspiración, sino una violación al reglamento interno y a la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
El uso de recursos públicos para fines partidarios se encuadraría como malversación de caudales, mientras que la participación activa en política sin autorización representa un incumplimiento del deber policial. Se esperaba que este lunes se adoptaran las primeras medidas de prueba en sede judicial.
La interpretación de la Justicia contrasta con la posición del gobierno provincial, que había denunciado una maniobra de “contrainteligencia” con vínculos directos con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde La Plata sostuvieron que Bondarenko, pese a estar retirado, “seguía bajo la ley policial” y actuaba como jefe de un grupo interno que respondía a intereses libertarios. Algunos funcionarios deslizaron incluso que podría haber existido una operación orquestada desde Nación para infiltrar y recabar información dentro de la estructura bonaerense.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad nacional, a cargo de Patricia Bullrich, repudió la reacción provincial y la calificó como un acto de “persecución ideológica”. Desde su entorno se intentó minimizar los hechos señalando que los encuentros entre policías eran simples reuniones de camaradería.
En este cruce de acusaciones, el foco político quedó puesto sobre el rol de Bondarenko, que pidió su baja en la fuerza hace tiempo, pero nunca fue exonerado ni sancionado. Su postulación como candidato a legislador provincial por LLA coincidió con la irrupción de la denuncia, lo que alimentó suspicacias dentro del propio oficialismo. En el gobierno bonaerense especulan con que la filtración haya surgido desde dentro del armado libertario, por desacuerdos internos sobre su lugar en la lista.
Por ahora, no hay ninguna acción legal que impida su candidatura, aunque no se descarta que el tema sea explotado durante la campaña. “Será la Justicia la que determine si puede o no ser candidato”, dijeron desde el Ejecutivo provincial.