El caso, tras la denuncia de desaparición, tuvo un primer escalón en Jujuy, el 9 de octubre, a partir de una denuncia en la División Búsqueda de Personas de la policía de esa provincia, la que activó las alertas del caso.
A los días, el 17 de ese mismo mes, el área de Atención Inicial, de la Unidad Fiscal Salta, a cargo de la fiscal subrogante Paula Gallo, comenzó a trabajar en el caso en vista de una nueva denuncia allí radicada, esta vez por la madre de la joven.
En su relato, la madre de María sostuvo que había perdido todo contacto telefónico con su hija, el 26 de septiembre, ya que su línea y cuentas de billetera virtual fueron cerradas, como así tampoco hubo movimiento de su hija en redes sociales.
En virtud de la investigación iniciada por el Ministerio Público Fiscal Federal de Salta, se ubicó como último paradero un domicilio en la localidad chaqueña de Roque Saénz Peña, donde la joven habría tenido vinculación con Darío Esequiel Godoy Florentín y con su padre, Darío Ismael Godoy Ojeda.
Como resultado de una ágil investigación de la fiscalía federal salteña, la que abordó el caso bajo la sospecha de que la joven habría sido víctima de una red de trata de personas, es que se establecieron conexiones sospechosas con las líneas telefónicas de uno de los acusados y el de Herrera Leaño.
Fue así como todas las pistas e indicios condujeron a la fiscal Gallo Puló a solicitar a la Jueza Federal de Garantías N°2 de Salta, Mariela Giménez, medida judicial que se llevó a cabo el sábado pasado, circunstancias en fueron detenidos los dos sospechosos, ya que en los inmuebles allanados se encontraron elementos de pruebas que confirmarían que tuvieron contacto con la joven, posterior a su denuncia de desaparición.
A todo esto, cobró relevancia lo referido por la denunciante, quien indicó que su hija -en el mes de septiembre- habría adquirido un pasaje desde la provincia de Salta a Corrientes y que la misma tendría una relación con un hombre oriundo de Chaco y con residencia en esa provincia.
Los allanamientos en Chaco, con intervención de personal de la Unidad Operacional contra El Narcotráfico y Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), despertaron fuertes sospechas de un hecho aún más grave que un posible caso de trata de personas, por lo que la jueza Giménez, ante la premura de avanzar con otras medidas judiciales, se declaró incompetente y remitió el caso al juez Freytes.
A más de 48 horas de tener el caso radicado en su juzgado, llamó la atención de los familiares que no se haya avanzado con dichas medidas, a fin de despejar las dudas surgidas a partir de las investigaciones iniciadas por la fiscalía federal de Salta.