Gabriela Wihte y su hijo Cristian Dening están siendo juzgados por montar un falso negocio de inversiones llamado “Tradeking”, que habría provocado pérdidas por unos 100 mil dólares. El proceso avanza en el Tribunal Oral Penal de Goya con decenas de víctimas declarando como testigos.
El Tribunal Oral Penal de Goya continúa con el juicio contra Gabriela Elizabeth Wihte y su hijo, Cristian Sebastián Dening, acusados de liderar una presunta estafa piramidal bajo la fachada de un negocio de inversiones denominado “Tradeking”, que habría perjudicado a más de cien personas entre 2021 y 2022.
Según la acusación fiscal, Dening, de 30 años, se presentaba como “CEO y fundador” de la firma, ofreciendo rentabilidades financieras extraordinarias sin contar con autorización de la Comisión Nacional de Valores ni respaldo legal para operar. Su madre, Gabriela Wihte, de 50, colaboraba en la captación de fondos, convocando a los inversores tanto en oficinas alquiladas cerca de la costanera de Goya como en su propio domicilio.
Los contratos se formalizaban mediante pagarés o simples comprobantes sin membrete, y los primeros pagos a algunos clientes habrían servido para generar confianza y atraer nuevos aportantes, configurando un esquema Ponzi. Cuando el flujo de dinero comenzó a caer, Dening se trasladó a Charata (Chaco) y posteriormente viajó a España, donde permaneció hasta poco antes del inicio del juicio.
El debate oral comenzó el 17 de octubre con los alegatos de apertura y continuará hasta fines de mes. La mayoría de los testigos son víctimas de la maniobra, que habría generado un perjuicio estimado en 100 mil dólares.
El proceso es dirigido por el juez Ricardo Diego Carbajal, con la participación del fiscal Francisco Arrue, el defensor oficial Fernando Andrés Buffil, y los querellantes Pablo Fleitas y William Maidana, quienes representan a los damnificados.
El caso guarda similitudes con el de Generación Zoe, la organización liderada por Leonardo Cositorto, que también operó en Corrientes bajo una estructura de inversiones fraudulentas y promesas de rendimientos imposibles.
El 29 de octubre están previstos los alegatos de cierre, donde las partes expondrán sus conclusiones sobre la responsabilidad penal de los imputados.