La Justicia Federal de San Isidro mantuvo la prisión preventiva de tres mujeres señaladas como parte de la organización que operaba desde cárceles bonaerenses.
Tres mujeres continuarán detenidas en el penal de Olmos luego de que la Justicia rechazara el pedido de excarcelación en el marco de la causa que investiga una red de extorsiones a hombres a través de aplicaciones digitales. Uno de los casos más graves vinculados al expediente es el del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó mientras cumplía funciones en la Quinta de Olivos.
Según la investigación, la banda también estaba integrada por tres hombres que operaban desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos, una cuarta mujer y otras personas aún no identificadas.
La medida fue dispuesta por la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en línea con el dictamen del fiscal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.
Cómo operaba la organización
La red habría actuado al menos entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado, con tres hechos ya atribuidos formalmente y otros aún bajo investigación. De acuerdo con lo informado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, los reclusos coordinaban las maniobras desde las unidades penitenciarias, mientras que las mujeres cumplían el rol de recaudadoras, retirando el dinero entregado por las víctimas.
La modalidad consistía en contactar a hombres mediante aplicaciones y luego amenazarlos con la difusión de supuestos contenidos íntimos para exigir pagos, mecanismo que habría sido utilizado también contra Gómez.
En una conferencia de prensa, Arroyo Salgado advirtió: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
El caso del soldado
La causa se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo del joven de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino, quien se quitó la vida en una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía funciones de custodia.
El soldado dejó una carta de despedida dirigida a su familia, en la que expresó angustia por la situación que atravesaba tras haber sido víctima de la organización delictiva.
Riesgos procesales
La defensa de tres de las imputadas solicitó la excarcelación, pero el fiscal Iuspa se opuso al considerar la gravedad de los hechos, la posible existencia de más damnificados y el trágico desenlace del caso.
El representante del Ministerio Público sostuvo que, de recuperar la libertad, las acusadas podrían entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia, ya que restan medidas de prueba y no se descarta la participación de otras personas.
La jueza coincidió con esos argumentos y rechazó los pedidos al advertir que persisten riesgos de entorpecimiento y reiteración delictiva, mientras se aguardan los resultados de los análisis de los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos a la causa.