Según cuenta el periodista Antonio Deramo en Iprofesional, en los pasillos del Congreso argentino, se gesta una batalla política de alto calibre, donde los intereses económicos chocan con los principios de equidad fiscal. En el centro de la polémica se encuentra Cristian Ritondo, un líder del PRO, aliado de un sector poderoso: el tabacalero.
De forma oficial, se reportan reuniones cordiales entre legisladores y funcionarios del gobierno, pero tras bambalinas se libra una lucha encarnizada. ¿El objetivo? Modificar la Ley Bases para beneficiar a la industria tabacalera, liderada por el empresario Pablo Otero, conocido como el “Señor del Tabaco”.
Lo que no se dice abiertamente es que estas negociaciones están marcadas por tensiones y presiones, especialmente debido al afán del gobierno de Milei por reformar los impuestos. La figura de Otero ha sido clave en este escenario, utilizando su influencia y poder económico para preservar su posición privilegiada en el mercado.
El corazón del conflicto radica en la carga impositiva: mientras otras empresas tabacaleras deben pagar impuestos internos, Tabacalera Sarandí, propiedad de Otero, ha logrado evitarlos gracias a decisiones judiciales favorables. Esto le ha otorgado una ventaja competitiva significativa, permitiéndole ganar una participación de mercado considerable.
La administración de Milei intentó reformar la ley para aumentar las retenciones al sector tabacalero, pero se encontró con una fuerte resistencia, especialmente de diputados vinculados al PRO y a grupos afines al “Señor del Tabaco”. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la presión política fue suficiente para que se retirara la propuesta de aumentar los impuestos.
En medio de estas negociaciones, se destaca la figura de Cristian Ritondo, quien ha sido señalado como uno de los principales aliados de Otero en el Congreso. Su influencia y capacidad de negociación han sido determinantes para proteger los intereses del sector tabacalero.
Esta situación pone de manifiesto las complejas relaciones entre el poder político y económico en Argentina, donde el lobby y las presiones pueden inclinar la balanza a favor de los intereses privados en detrimento del bienestar público. Mientras tanto, Pablo Otero y Tabacalera Sarandí continúan prosperando, mientras que el gobierno de Milei enfrenta obstáculos para implementar su agenda fiscal.
En última instancia, esta polémica revela las limitaciones del sistema político argentino para abordar los problemas de manera equitativa y transparente. Mientras tanto, los privilegios de unos pocos siguen prevaleciendo sobre el interés común.