(Pablo Roma, Gremiales) – La Confederación General del Trabajo (CGT) ha lanzado un fuerte comunicado en respuesta a las recientes amenazas y anuncios de represión por parte de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La central obrera argentina ha rechazado categóricamente el protocolo publicado por el Ministerio de Seguridad, interpretándolo como parte de una estrategia para criminalizar la protesta social.
El comunicado de la CGT destaca que este protocolo, visto a la luz de los anuncios económicos recientes y sus impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, representa una amenaza directa al ejercicio efectivo de derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y la libertad sindical.
La CGT enfatizó que estas medidas, que vulneran tanto las libertades individuales como colectivas, no contribuyen a un clima social exento de violencia, presiones y amenazas. Además, advierten que buscan subordinar la acción de la justicia al accionar policial y de las fuerzas de seguridad, lo cual representa una clara violación de los principios constitucionales.
“Los trabajadores siempre hemos sido los primeros en respetar la ley porque sabemos que esa es la mejor garantía que tenemos para que nuestros derechos sean respetados”, afirmó la CGT, ratificando su compromiso con el Estado de Derecho. El comunicado subrayó la importancia del respeto a la ley tanto para los ciudadanos como para las autoridades, quienes deben comprometerse plenamente en la defensa de los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional.
En este contexto, la CGT enfatizó que la vigencia del Estado de Derecho es fundamental para buscar soluciones en el actual momento crítico que atraviesa el país, y para ello, es imprescindible el diálogo. “La consolidación de una democracia con justicia social se logra con más diálogo, democracia y paz social”, concluyó el comunicado.
Las declaraciones de la CGT reflejan la preocupación y el rechazo de la central obrera hacia las políticas que podrían atentar contra derechos constitucionales y la necesidad de preservar un marco democrático para la resolución de conflictos en el país.