(Corresponsalía Buenos Aires) – La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional ha presentado una demanda solicitando la suspensión de la nueva reglamentación de la ley de Ganancias en sus salarios. Los jueces sostienen que la nueva ley es “inconstitucional” y vulnera derechos adquiridos. La presentación, encabezada por el juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación, exige una medida cautelar al considerar que la normativa afecta la intangibilidad de las remuneraciones y el funcionamiento del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría Pública.
En su escrito, la Asociación afirma que la nueva ley “viola la garantía de intangibilidad de las remuneraciones” y crea desigualdades entre los miembros del Poder Judicial. Los jueces señalan que la normativa afecta únicamente a aquellos que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017, generando una discriminación arbitraria. Además, advierten que la implementación de la ley sin una medida cautelar inmediata podría afectar gravemente los ingresos de los miembros del Poder Judicial, comprometiendo sus derechos alimentarios y la independencia del Poder Judicial.
La Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) también ha presentado su propia demanda. Julio Piumato, líder del gremio, explicó que han recolectado más de dos mil firmas para solicitar la declaración de ilegalidad de la ley. El gremio sostiene que la reforma afecta a todos los afiliados, impidiendo el cómputo de deducciones al momento de liquidar el impuesto a las ganancias.
Desde 2017, los nuevos jueces, fiscales, defensores y empleados del Poder Judicial están sujetos al pago del impuesto a las Ganancias, en un acuerdo alcanzado durante la gestión de Mauricio Macri. Sin embargo, la nueva modificación de la ley, que eleva el mínimo no imponible, ha generado un aumento significativo en el porcentaje de los ingresos sujetos a retención, lo que ha motivado las demandas.
Tanto la Asociación de Magistrados como la UEJN sostienen que la nueva reglamentación de la ley de Ganancias es inconstitucional y demandan su suspensión inmediata. Argumentan que la normativa genera desigualdades y afecta la intangibilidad de las remuneraciones, comprometiendo la independencia del Poder Judicial. Mientras tanto, el debate sobre la aplicación de esta ley continúa generando tensiones en el ámbito judicial y político.