(Pablo Roma, Gremiales) – Se incrementa la tensión entre la CGT y el Gobierno, perfilándose el paro general del miércoles. Aunque en tiempos electorales, Javier Milei no consideraba a los sindicatos como el problema de Argentina, parece decidido, quizás alentado por sectores más radicales del Gabinete, a emprender una disputa contra la dirigencia gremial. Para contrarrestar el paro convocado por la central obrera para el próximo miércoles, el Gobierno ha desplegado una estrategia encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciando descuentos salariales a los estatales y preparando un operativo policial riguroso.
La jornada de protesta de la CGT, que iniciará con un cese de actividades a partir de las 12 del miércoles 24 de enero, con movilización y concentración frente al Congreso, ha ganado apoyo con adhesiones de las dos CTA, organizaciones sociales, políticas y diversos sectores, todos descontentos con el DNU y la Ley Omnibus.
La CGT se presenta como el “muro de contención” contra la reforma laboral propuesta por Milei. Aunque el peronismo se muestra ausente y el kirchnerismo agazapado, la central obrera, liderada por el triunvirato compuesto por Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, está fortalecida y cuenta con respaldos inesperados, como el de Luis Barrionuevo.
La estrategia de la CGT no solo se ha basado en las protestas, sino también en reuniones con gobernadores, legisladores y otras centrales y partidos políticos, fortaleciendo la movilización como factor clave en su disputa con el Gobierno.
Además, la central obrera está alentando a gremios y otros sectores a presentar amparos judiciales, contando con el respaldo de Julio Piumato, secretario General del gremio de Judiciales. Paralelamente, se están organizando reuniones para coordinar la logística de la marcha al Congreso y evitar infiltrados e incidentes, conscientes de la probable presencia policial masiva.
El Gobierno, liderado por Bullrich, considera esta confrontación como una pelea “de vida o muerte”, aplicando con rigurosidad el protocolo antipiquetes y amenazando con descontar los días de paro a los trabajadores estatales. La ministra cuestiona la justificación del paro, mientras el vocero presidencial, Adorni, insta a denunciar a quienes “obliguen” a parar.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, sugiere declarar ilegal el paro y emprender acciones legales contra los participantes de la movilización. La postura del Gobierno, liderada por figuras como Francos, es inflexible, descartando negociaciones y augurando un aumento de la conflictividad laboral.