(Pablo Roma, Gremiales) – En una declaración contundente, Roberto Fernández, Secretario General de la Unión Transviaria Automotor (UTA), el gremio que representa a más de 100.000 trabajadores del transporte de pasajeros en todo el país, advierte sobre una inminente crisis en el servicio de transporte público. La organización sindical, que cuenta con 40.000 conductores a cargo de 18.000 micros operativos las 24 horas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), señala al gobierno como el responsable directo de esta situación crítica.
La emergencia, según Fernández, radica en la imposibilidad de que las empresas operen de acuerdo con las normas establecidas. Las compañías argumentan que no cuentan con la actualización de sus costos, especialmente en lo que respecta al precio del gas, del gasoil y de repuestos esenciales para mantener en funcionamiento las unidades. Esta condición, respaldada por las actuales autoridades del transporte, amenaza con paralizar el servicio y dejar a millones de personas sin un medio básico de transporte.
En el caso de la UTA, Fernández destaca que la aplicación de la cláusula de ajuste salarial correspondiente a diciembre del año anterior debería haberse llevado a cabo según los términos del acta homologada por el Ministerio. Además, insta a iniciar las negociaciones salariales a partir del primero de enero del presente año. Sin embargo, denuncia que las autoridades competentes, en este caso, el Ministerio de Infraestructura y su ex Ministro Ferraro, a través de la Secretaría de Transportes, no han tomado medidas para resolver la situación.
La pasividad de las autoridades, según Fernández, ha llevado a una situación crítica que pone en riesgo el traslado diario de millones de personas, especialmente aquellos de bajos recursos que dependen del transporte público para llegar a sus lugares de trabajo. El Secretario General de la UTA advierte que, de no intervenir, se desencadenará un paro que afectará la paz social y dejará a la comunidad sin un medio básico de movilidad.
Dirigiéndose al Ministro, Fernández hace un llamado a la acción urgente. Solicita la intervención del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma, las empresas concesionales y los trabajadores para encontrar una solución consensuada que evite la crisis inminente. Enfatiza la importancia de asumir la responsabilidad correspondiente para evitar consecuencias no deseadas que impactarán a la comunidad en su conjunto. La pelota está en la cancha del gobierno, y la sociedad espera una respuesta inmediata que garantice la continuidad y estabilidad del servicio de transporte público.