La promovieron un grupo de constitucionalistas, dirigentes políticos, gremiales y vinculados a los DDHH.
En la denuncia penal presentada ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal sostienen que los legisladores que dieron media sanción a la Ley Bases “en el escandaloso escenario de aquella maratónica sesión del 30 de abril, hicieron entrega al Poder Ejecutivo Nacional de la suma del poder público, pretendiendo destruir la configuración constitucional y republicana del Estado argentino”.
El Premio Nobel de la Paz y referente en la lucha por los DDHH, Adolfo Pérez Esquivel, la ex embajadora argentina en Venezuela y referente de Soberanía, Alicia Castro , el constitucionalista Eduardo Barcesat, el ex juez de la Corte Suprema, Carlos Rozansky, el secretario general de la CTA Autónoma Hugo Ernesto “Cachorro” Godoy, el presidente de Unidad Popular Claudio Lozano, el periodista Jorge Elbaum y el sociólogo y político Atilio Boron presentaron la denuncia “en cumplimiento de los deberes republicanos que todas y todos los ciudadanos deben ejercitar para la supervivencia de la institucionalidad democrática de nuestro país”.
Los denunciantes sostienen que lo hacen “en orden a los delitos previstos y reprimidos por el Código Penal de la Nación, en sus artículos 227, 248 y 292, con figuras que penalizan la conducta de aquellos que entreguen al Poder Ejecutivo Nacional la suma del poder público o supremacías, por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona ,lo que configura un “delito de concesión de facultades tiránicas”, y aquellas que conminan penalmente la violación de los deberes impuestos a los funcionarios públicos, el abuso de autoridad por su parte y el falseamiento ideológico de instrumentos públicos; delitos para los que se encuentran previstas penas de prisión muy severas e, incluso, en el caso del delito de concesión de facultades tiránicas, se prevé la prisión perpetua.
“La gravedad de la situación creada por el gobierno presidido por Javier Milei, requiere respuestas comprometidas con la democracia. Denunciar los atropellos no es una opción, es una obligación”, concluyen.