(Pablo Roma, Congreso de la Nación) – La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que suspende las elecciones primarias previstas para 2025. La iniciativa, que obtuvo 162 votos a favor, 55 en contra y 28 abstenciones tras un extenso debate de más de cinco horas, ahora debe ser debatida en el Senado para su ratificación.
El oficialismo logró el respaldo necesario sumando votos del PRO, el MID, parte de la UCR, la Coalición Cívica y otros bloques aliados. Mientras que la mayoría del bloque Unión por la Patria votó en contra, una parte de sus legisladores apoyó la medida, tal como ocurrió en la reunión de comisiones que permitió alcanzar el dictamen. En total, de sus 98 miembros, 43 se opusieron, 25 la respaldaron y 24 se abstuvieron. La UCR, por su parte, aportó 16 votos positivos, 2 negativos y 2 abstenciones.
El debate fue marcado por fuertes cruces. El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, justificó la medida asegurando que “las PASO se han convertido en una encuesta cara que solo beneficia a los partidos”. Desde la izquierda, Christian Castillo denunció que la decisión responde a una estrategia del Gobierno para manipular el calendario electoral y favorecer a grandes corporaciones.
Desde Unión por la Patria, Germán Martínez advirtió que la suspensión de las PASO busca desviar la atención de otros temas clave, como la falta de tratamiento del Presupuesto 2025. Mientras tanto, el oficialista Gabriel Bornoroni celebró la decisión asegurando que “elimina un gasto innecesario” y que la meta final será la derogación definitiva del sistema.
Desde el PRO, la diputada Silvana Giudici argumentó que la suspensión busca reducir el costo político y criticó la falta de transparencia en la distribución de los recursos para las internas. A su vez, el radical Fabio Quetglas, quien rechazó la medida, alertó sobre el peligro de debilitar la participación ciudadana en el proceso electoral.
Si el Senado aprueba el proyecto en las próximas sesiones extraordinarias, las PASO quedarán suspendidas por este año, aunque sin eliminarse de manera definitiva, como pretendía inicialmente el Gobierno.