Una compañía se presentó en soledad al proceso de adjudicación para levantar el alambrado, ubicado en la localidad de Aguas Blancas. El temor de las firmas a trabajar en la zona y las quejas del presunto propietario de un terreno clave.
La instalación del alambrado en la frontera entre Argentina y Bolivia, en la localidad salteña de Aguas Blancas, avanza en medio de controversias políticas y dificultades que van más allá de lo administrativo. Con un presupuesto de 36 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días, la obra fue adjudicada a la única empresa que se presentó a la licitación.
A pesar de que se invitó a casi una decena de compañías a participar del proceso, solo una se mostró interesada. Según fuentes cercanas a la organización del proyecto, el motivo principal de esta falta de competencia es el temor de las constructoras a trabajar en una zona fronteriza marcada por el narcotráfico y el contrabando.
“Nadie quiere meterse en un lugar donde pueden terminar bajo fuego cruzado de los narcos o ser atacados por los bagayeros”, explicaron fuentes involucradas en el proyecto . La situación en la región no es menor: el exintendente de Aguas Blancas fue desplazado el año pasado acusado por presuntos vínculos con el narcotráfico y la violencia es una constante en la zona.
El contrato de adjudicación establece que la empresa ganadora recibirá un adelanto del 30% del monto total para iniciar el acopio de materiales, pero el contratista enfrenta dificultades para conseguir elementos esenciales, como las columnas necesarias para el alambrado. Además, la instalación del cerco -en alambre de púas- incluirá dos puertas y un portón para permitir el ingreso de Prefectura, que tendrá un rol clave en la vigilancia de la estructura, de 200 metros.
La ejecución de la obra, sin embargo, no será sencilla. Trabajar en la zona implica lidiar con la presión de grupos delictivos y organizaciones piqueteras que, según fuentes consultadas, buscan sacar provecho económico de cada proyecto que se implementa en la región. “Nadie quiere venir a trabajar en el norte porque saben que van a perder plata con extorsiones”, señalaron fuentes que conocen el proceso licitatorio.
Además, a pocos días de la firma del contrato, surgió un nuevo obstáculo: un hombre se presentó ante el municipio argumentando que parte del terreno donde se pretende instalar el alambrado le pertenece a un hacendado privado. A pesar de esta advertencia, la decisión política es avanzar con la obra y, en caso de que el propietario interponga una acción judicial, resolver el conflicto en el futuro. “La mejor manera de saber de quién es el terreno es empezando la obra. Si alguien tiene papeles, que los presente”, indicó una fuente involucrada en el proyecto.
El cerco es un proyecto encabezado por la gobernación de Salta en el puesto fronterizo de Aguas Blancas, colindante con la localidad boliviana de Bermejo, para reforzar los controles migratorios y frenar el contrabando y narcotráfico en la zona.
El alambrado irá desde la terminal de micros hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas. La medida es parte del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad y permite intensificar los controles en las fronteras del norte.