El presidente Javier Milei sigue adelante con su plan de desguace del Estado y profundiza el plan de privatizaciones que incluyó en la Ley Bases.
El gobierno de Javier Milei dio este jueves un nuevo paso hacia la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Neuquén y Río Negro. Así quedó plasmado en el Decreto 263/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y de su ministro de Economía, Luis Caputo.
En el camino por seguir profundizando el desguace del Estado que inauguró desde el mismo momento de su desembarco en la Casa Rosada, el mandatario libertario fijó un nuevo plazo de 15 días para que se convoque al Concurso Público Nacional e Internacional por medio del cual espera entregarle las centrales hidroeléctricas a empresas privadas.
Las centrales hidroeléctricas sujetas a privatización tras el vencimiento en 2022 de las concesiones entregadas en la década del “90 durante el gobierno de Carlos Menem son Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Según se detalla en el decreto presidencial, el Ejecutivo nacional responde a un pedido conjunto de los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, quienes solicitaron una prórroga que permita a los equipos técnicos provinciales analizar en profundidad el proceso y presentar observaciones al Estado nacional.
Las empresas involucradas fueron creadas por Energía Argentina SA (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a través del Decreto 718/2024.
Este establecía que, dentro de los 180 días desde su entrada en vigencia, debía realizarse el concurso para privatizar dichas firmas. Posteriormente, el Decreto 895/2024 modificó ese artículo e incorporó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, como responsable de coordinar el proceso de privatización junto a la Secretaría de Energía de la Nación a cargo de María Carmen Tettamanti.
De esta manera el gobierno libertario extendió el plazo y ratificó su voluntad de garantizar la participación de las provincias y de los organismos interjurisdiccionales en la toma de decisiones.
“Corresponde fijar un plazo de quince días, contados a partir de la publicación del presente, con el fin de que las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados tomen la debida participación en el proceso”, expresa el considerando del decreto.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas —unidad ejecutora dependiente del Ministerio de Economía— será la encargada de dirigir la licitación, establecer las condiciones del proceso y aprobar los pliegos de bases y condiciones junto a la Secretaría de Energía.