(Pablo Roma, Congreso) – En una sesión que duró pocas horas y estuvo acompañada de manifestaciones en las afueras del Congreso, el oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza, logró blindar el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Con el respaldo de sus aliados y un grupo de diputados radicales, el bloque oficialista impidió que la oposición alcanzara los dos tercios necesarios para rechazar el veto presidencial, según lo estipulado en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
El resultado final de la votación fue de 153 votos a favor de mantener el veto, 87 en contra y 8 abstenciones. Con la cantidad de legisladores presentes, la oposición necesitaba 166 votos para insistir en la aprobación de la ley, pero le faltaron 13. En la primera votación, realizada en junio pasado, habían logrado 160 votos a favor, superando así el umbral de los dos tercios.
Una votación ajustada y un panorama cambiante
La sesión comenzó a las 11:15, luego de la jura de la nueva diputada Nancy Ballejos y la habilitación del tratamiento del veto. No hubo mayores inconvenientes para alcanzar el quórum, y la votación inicial para habilitar el tratamiento fue realizada a mano alzada y aprobada tanto por la oposición como por el oficialismo. Sin embargo, la situación comenzó a inclinarse a favor del Gobierno tras una reunión en la Casa Rosada entre el presidente Milei y cinco diputados de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes cambiaron su voto en apoyo al veto. Esta maniobra dividió a la bancada radical y marcó un punto de inflexión en el desarrollo del debate.
Argumentos a favor y en contra del veto
El veto presidencial había sido justificado por el Poder Ejecutivo a través del decreto 782/24, que argumentaba que la ley sancionada por el Congreso no contemplaba el impacto fiscal de la medida ni determinaba su fuente de financiamiento. Según el Gobierno, cumplir con la ley implicaría una carga financiera insostenible para las finanzas públicas del país, requiriendo financiación adicional mediante deuda pública o aumentos de impuestos.
Sin embargo, desde la oposición hubo fuertes críticas. El diputado Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, denunció lo que consideró “un nuevo escándalo de corrupción” y acusó al Gobierno de beneficiar a “sus amigos ricos”. Por su parte, el diputado de Encuentro Federal, Nicolás Massot, afirmó que “no debería ser una obligación aceptar que ‘no hay plata’, cuando el Gobierno puede decidir cómo se distribuyen los recursos”. Asimismo, Miguel Pichetto, jefe del bloque Encuentro Federal, advirtió sobre las posibles consecuencias judiciales del rechazo a la ley y pidió al Gobierno mayor previsibilidad económica y fiscal.
Reacciones encontradas en el seno del Congreso
El debate estuvo marcado por una notable polarización. Lourdes Arrieta, exdiputada de La Libertad Avanza, criticó al oficialismo por considerar a los jubilados como “pasivos fiscales”. Sergio Acevedo, diputado santacruceño, apoyó la ley y rechazó el veto, señalando que las razones fiscales no eran más que una “especulación absurda”. Mientras tanto, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, arremetió contra los legisladores que cambiaron su voto, calificándolos de “transfuguistas políticos”.
Por otro lado, Roxana Reyes, radical de Santa Cruz, justificó su cambio de postura criticando al kirchnerismo por haber agravado la situación del sistema previsional y señalando que la ley imponía una carga desmesurada al nuevo gobierno.
El futuro de la Ley de Movilidad Jubilatoria: ¿Más incertidumbre?
Con el veto ratificado, el futuro de la Ley de Movilidad Jubilatoria queda en el limbo, generando incertidumbre entre los jubilados y las fuerzas políticas. El oficialismo, liderado por Milei, ha conseguido consolidar su posición en esta batalla legislativa, pero la oposición promete seguir luchando para que la ley se apruebe en el futuro, mientras continúa el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional y la necesidad de reformas más profundas.
La contienda política por la movilidad jubilatoria se mantendrá vigente, con nuevos capítulos por escribir en el Congreso y en las calles, donde miles de jubilados y sus organizaciones seguirán reclamando por lo que consideran un derecho inalienable.