(Corresponsalía Buenos Aires) – El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) ha analizado la interacción entre los medios de comunicación y el gobierno durante los primeros 100 días del presidente Javier Milei, tras semanas de tensiones y acusaciones de “operaciones” por parte del Poder Ejecutivo.
Según los datos recopilados, 4 de cada 10 agresiones a la prensa se propugnaron por parte del presidente Milei o sus ministros, lo que sugiere que figuras de alto rango del gobierno están involucradas en cuestionar a los medios. Estas cifras provienen del Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA, que examina la relación entre Milei y los medios. El informe señala que el presidente “descalifica, insulta, acusa y agrede verbalmente con frecuencia a periodistas y medios en sus discursos o entrevistas”.
Durante este período, muchos periodistas experimentaron limitaciones en su acceso al gobierno y enfrentaron agresiones directas que luego fueron amplificadas por seguidores y partidarios del presidente en redes sociales y en la calle. Se destaca que Milei ha acusado repetidamente de “operaciones” para perjudicarlo, incluso cuestionando la credibilidad de periodistas como Silvia Mercado y María O’Donnell.
El análisis de FOPEA, realizado entre el 10 de diciembre y el 19 de marzo, identificó 37 casos de ataques a la prensa, de los cuales 15 implicaron al Poder Ejecutivo Nacional, con el presidente Milei y su vocero Manuel Adorni como protagonistas en ocho y dos casos respectivamente.
El informe también señala que hubo 10 casos de “discurso estigmatizante” por parte de funcionarios públicos y dos situaciones de restricciones al acceso a la información pública. Además, se registraron tres ataques físicos contra periodistas durante protestas y situaciones de violencia en la vía pública.
FOPEA advierte sobre la táctica de tratar a la prensa como antagonista, destacando el tono agresivo utilizado por Milei y sus seguidores, así como la frecuencia de estos ataques. Se subraya que las organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión han advertido sobre los riesgos de agresiones personales, intimidación y autocensura derivadas de los discursos de odio de figuras públicas contra los periodistas.
En este tiempo, la mayoría de los periodistas tuvieron acceso limitado y restringido al Poder Ejecutivo Nacional y muchos de ellos sufrieron agresiones directas que luego fueron replicadas por seguidores y militantes del Presidente, desde las redes sociales e incluso en las calles.
Un dato que agrava aún más el cuadro de situación es que es el propio Jefe de Estado quien utiliza sus cuentas en las redes sociales para multiplicar mensajes que descalifican a colegas, en varios casos desde cuentas no verificadas que atacan de forma directa la credibilidad de las y los periodistas, lo que en definitiva, genera desinformación en la ciudadanía.
En detalle, el Monitoreo de FOPEA muestra que entre el 10 de diciembre y este martes 19 de marzo se registraron 37 casos de ataques a la prensa, de los cuales 15 tuvieron como sujeto agresor al Poder Ejecutivo Nacional. El análisis precisa también que ocho de esos 15 episodios fueron protagonizados por el propio Presidente de la Nación y dos por su vocero, Manuel Adorni.
Vale destacar que en cinco casos los responsables fueron sus ministros y/o equipos. Dos de ellos se dieron durante el armado del acto de asunción, y otros tres vinculados a los hechos de represión en las calles el 1 de febrero y 18 de marzo.
En cuanto al tipo de agresiones vinculadas al poder central, 10 se encuadran como “discurso estigmatizante” por parte de funcionarios públicos, en tanto que se vivieron dos situaciones de restricciones al acceso a la información pública y tres ataques contra la integridad de colegas, derivadas de protestas y situaciones de violencia en la vía pública.
En total, fueron 29 las víctimas de la intolerancia que registró el Monitoreo en este primer corte.
El informe concluye enfatizando que si bien es legítimo que los funcionarios cuestionen la cobertura periodística, esto debe hacerse con respeto hacia la labor de la prensa, ya que es fundamental para mantener la solidez de la democracia. La persistencia de agresiones y descalificaciones por parte del gobierno aumenta el riesgo de desvíos autoritarios.