La Casa Rosada avanza con una agenda legislativa que aborda cambios ambientales y definiciones estratégicas en política exterior. El oficialismo confía en reunir apoyos para dos votaciones de alto impacto.
El Gobierno nacional acelera en el Senado dos frentes centrales: la modificación de la Ley de Glaciares y la aprobación definitiva del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Desde el oficialismo sostienen que “estarían los números” para avanzar esta semana, en medio de negociaciones con distintos bloques y gobernadores.
En el caso de la reforma a la Ley de Glaciares, el punto más sensible es el artículo 7, que otorgaría a cada provincia la facultad de definir la autoridad de aplicación, con excepción de las áreas protegidas por la Ley 22.351 de Parques Nacionales. Según el texto en discusión, la autoridad local será la encargada de identificar glaciares y ambientes periglaciares con funciones hídricas estratégicas. El argumento oficial es que la modificación permitirá impulsar inversiones mineras y dar mayor previsibilidad a los proyectos productivos en las provincias cordilleranas.
Acompañarían la iniciativa los 21 senadores de La Libertad Avanza, el bloque del Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y legisladores alineados con gobernadores de Cuyo y del Norte. Como parte de la defensa del proyecto, el diputado Diego Santilli comparó el desempeño regional del sector: mientras las exportaciones mineras de Argentina rondan los USD 6.000 millones, en Chile alcanzan los USD 60.000 millones, una brecha que, según el oficialismo, refleja el potencial aún no desarrollado.
En paralelo, el Senado deberá tratar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya cuenta con media sanción de Diputados y que en la Cámara alta solo puede aprobarse o rechazarse en su totalidad, sin modificaciones. El Gobierno busca que Argentina sea el primer país de la región en ratificarlo. En el bloque regional ya lo trataron Brasil y Uruguay.
Para su entrada en vigencia, el acuerdo requiere promulgación presidencial y publicación en el Boletín Oficial en el plano interno. A nivel internacional, debe comunicarse formalmente a los depositarios, Paraguay y la Secretaría General del Consejo Europeo, con sede en Bruselas. Esa notificación la realiza el canciller Pablo Quirno mediante una nota formal.
El entendimiento se divide en una parte política, actualmente en revisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea —un proceso que podría demorar hasta dos años—, y una parte económica, respecto de la cual el Consejo Europeo ya tiene facultades para negociar con los países que lo ratifiquen. Entre los beneficios potenciales para Argentina se menciona la posibilidad de cubrir primero cuotas de exportación de carne dentro del esquema preferencial.