La portavoz presidencial Gabriela Cerruti ratificó ayer que el Gobierno convocará al Congreso a sesiones Extraordinarias para tratar en la segunda quincena de enero el juicio político contra la Corte Suprema. La mesa nacional de Juntos por el Cambio había confirmado que darán debate, en tanto, legisladores correntinos de dicho espacio político reiteraron su postura en defensa del máximo tribunal.
“Tal como informé el jueves en la conferencia de prensa, la convocatoria a Extraordinarias será la segunda quincena de enero. Todo marcha según lo previsto y en los próximos días se hará el llamado. No hay ni hubo ningún cambio. La manera en que se va a llevar en el Congreso son decisiones que se discuten y se toman en el Congreso”, señaló la portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, en declaraciones a Télam.
La vocera presidencial se había referido a lo anunciado la semana pasada en conferencia de prensa en Casa Rosada. Entonces había destacado el acompañamiento de los mandatarios y que la necesidad pasaba por reunir voluntades en la Cámara de Diputados. “El Presidente y los gobernadores tomaron una decisión histórica que es pedir el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con la gravedad de la situación que estamos atravesando, en la que la Corte interviene sobre el accionar de los otros poderes violando claramente la Constitución”, había expresado en esa oportunidad.
El pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los demás integrantes fue promovido por el presidente, Alberto Fernández, y once gobernadores aliados a la Casa Rosada. Entre ellos, el chaqueño Jorge Capitanich, quien continúo apuntando contra el máximo tribunal.
El reclamo de Capitanich
“El Poder Judicial se ha convertido en el reaseguro de la injusticia”, acusó el Gobernador de la vecina provincia, a través de un nuevo extenso hilo en Twitter. “Tenemos una Corte Suprema de Justicia parcial, que favorece a una parcialidad política”, opinó el Mandatario provincial.
“Ningún argentino puede pretender la salvaguarda de su patrimonio, de su honor, de su libertad y de su vida con jueces parciales que responden a directivas partidarias o corporativas. Es imprescindible por eso promover reglas en la construcción de un sistema republicano de gobierno con división de poderes”, expresó Capitanich.
“¡Basta de este tipo de manejos para seguir sacando plata a las provincias! Ahora no pueden decir que somos inviables, pues tenemos superávit scal y nos desendeudamos. Ahora no pueden desestabilizarnos con el manejo discrecional de la caja”, enfatizó el Gobernador del Chaco, en referencia al fallo de la Corte Suprema a favor de la restitución de puntos de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuestionamiento correntino
“¿Puede el Gobierno nacional desconocer un fallo de la Corte Suprema?”, cuestionó el senador provincial, Diógenes González. “Mediante dos denuncias iniciadas por la Ciudad de Buenos Aires en el año 2020 a raíz del recorte de más de un punto de coparticipación por el Estado nacional. Por lo cual la Ciudad solicitó al máximo tribunal su inconstitucionalidad y el pago de una suma que compense la pérdida sufrida desde entonces”, recordó el correntino.
“De esta denuncia, el máximo tribunal dictó una medida cautelar que ordena al Gobierno nacional devolverle a la Ciudad el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables. Decreto N°735 de septiembre 2020 y luego, por una Ley Nacional N°27.606 de diciembre 2020. En la reforma constitucional de 1994 en nuestra carta magna, a través del artículo 129, y reafirma que el hecho de devolverle sus fondos coparticipables no afecta a las otras provincias de la República Argentina”, señaló el legislador de Corrientes.
Luego, González recordó que, tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente convocó a una reunión a gobernadores a los fines de exigir que se desconozca el mismo. “Si esto se confirma, nuestro país vuelve a sufrir una gravedad institucional el Poder Ejecutivo Nacional, se impone, una vez más, avasallando la división de poderes del Estado y evalúa cómo desconocer un fallo dictado por la autoridad máxima del Poder Judicial”, expresó.
“La Constitución debe entenderse como el gran pacto social que distribuye las competencias y funciones de cada Poder del Estado. No les corresponde a los otros poderes del Estado decidir cuál es el alcance de lo que dispone la Constitución”, manifestó el senador provincial. “Una vez más, la Argentina duele. Lo que sucede en este momento es que el Gobierno nacional, mediante un comunicado oficial, busca anular la palabra de la máxima autoridad en materia jurídica de nuestro país. Planteando nuevamente una especie de ‘guerra’ contra la Corte Suprema”, sostuvo el legislador de la UCR.
El llamado a la institucionalidad
“En el medio, un fallo condenatorio a Cristina Fernández de Kirchner, que una vez más destraba un nivel de beligerancia del gobierno contra la CSJN. Las propuestas políticas de este Gobierno nacional están destruyendo moral y materialmente a nuestro país”, expresó González. “Es nuestra obligación construir una respuesta progresista, que el pueblo reclama y la nación necesita. La ley y las instituciones deben ser la base de la construcción de la nueva democracia”, manifestó.
“Es una de las preocupaciones permanentes de la Unión Cívica Radical nacional, la defensa y profundización del sistema federal, lo que de paso significa recortar los poderes presidenciales a través de la desconcentración y descentralización de sus facultades, reunidos en la figura del presidente”, manifestó.
“Por favor, no destruyan la república”, dijo días atrás el diputado nacional por Corrientes, Manuel Aguirre, al referirse a las declaraciones del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Anteriormente, el también integrante de la comisión adhirió a la postura de su partido de rechazar el juicio político contra la Corte Suprema.