(Corresponsalía Buenos Aires) – Una impactante denuncia judicial por parte de Alejandra Macri, hermana del expresidente Mauricio Macri, expuso la existencia de 398 empresas vinculadas al patrimonio de la familia, incluidas varias radicadas en paraísos fiscales. La presentación reaviva interrogantes sobre la transparencia de los negocios del exmandatario, pero también pone en evidencia la pasividad del gobierno actual para investigar a fondo el caso.
Alejandra Macri, hija no reconocida de Franco Macri, inició una acción judicial para reclamar su parte en la herencia de su padre fallecido en 2019. Entre las empresas listadas figuran firmas como Fleg Trading Ltda y Kagemusha S.A., involucradas en los Panama Papers. A pesar de las revelaciones y denuncias previas, no se han tomado medidas concretas para investigar posibles irregularidades, como la evasión fiscal o el lavado de dinero.
En su escrito, Alejandra denuncia que fue excluida de un acuerdo secreto entre sus hermanos en 2007, por el cual recibieron millones de dólares y participaciones en el holding familiar Socma. El acuerdo habría marginado deliberadamente a Alejandra, condicionando incluso que cualquier reclamo de su parte fuera absorbido por su padre.
El escándalo alcanza a Mauricio Macri, quien aparece vinculado a varias de estas sociedades offshore. Sin embargo, la justicia lo desvinculó rápidamente de las acusaciones en 2016, en lo que el ex titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, calificó como un “blindaje jurídico” orquestado para proteger su carrera política.
A pesar de estas revelaciones, el gobierno actual parece evitar ahondar en la investigación. Tanto la causa de los Panama Papers como otras denuncias relacionadas han quedado en el olvido, mientras el foco mediático y judicial se desvía hacia otros temas. La inacción contrasta con las expectativas de transparencia que el gobierno había prometido.
Las declaraciones de Alejandra Macri ponen de manifiesto la existencia de una trama compleja de transmisiones de bienes y dinero que podrían involucrar delitos tributarios y financieros. Sin embargo, la falta de avances en las investigaciones sugiere una preocupante connivencia entre las élites políticas y económicas, que termina beneficiando al expresidente y sus allegados.
Este caso no solo expone un entramado familiar lleno de secretos, sino también un sistema judicial y político que parece evitar incomodar a los poderosos. La sociedad queda, una vez más, a la espera de respuestas claras y acciones concretas.