Los giros nacionales para infraestructura marcaron en 2025 el segundo peor nivel en dos décadas. El derrumbe expone tensiones fiscales y políticas con las provincias, mientras Corrientes aparece entre los pocos distritos que lograron revertir la tendencia.
La discusión por el estado de la infraestructura volvió a ocupar un lugar central en la agenda política y económica a partir de un dato contundente: en 2025, los giros nacionales para obra pública alcanzaron uno de sus pisos históricos.
En un contexto de ajuste fiscal y redefinición del rol del Estado, los registros oficiales muestran que la inversión real directa (IRD) del Gobierno nacional en las provincias fue la segunda más baja de los últimos veinte años, con impactos desiguales pero profundos en el mapa federal.
Según el análisis de Politikon Chaco en base a datos oficiales, el año pasado la Nación destinó $890.291 millones a inversión real directa. Aunque esa cifra implica un crecimiento real interanual del 19,3%, el repunte se explica casi exclusivamente por una base de comparación excepcionalmente baja: 2024 fue el peor año desde 2003 en materia de ejecución. Medido en perspectiva histórica, el nivel de 2025 quedó 65,1% por debajo del promedio anual del período 1995-2023, confirmando la magnitud del ajuste.
Registros
El principal componente de la IRD es el rubro Construcciones, que representa el 57% del total y abarca obras de infraestructura clave como rutas, puentes, diques, edificios públicos, canales de riego y desagües. En 2025, este ítem mostró un crecimiento real interanual del 10,3%, pero aun así se ubicó 73,3% por debajo de su promedio histórico, lo que grafica la profundidad del recorte estructural.
Para la mayoría de las provincias, las construcciones concentran prácticamente toda la inversión nacional: en 16 distritos superan el 90% de la IRD y en otros seis representan más de la mitad. Solo Río Negro y la Ciudad de Buenos Aires exhiben una participación menor. En términos de montos ejecutados, Buenos Aires lideró con cerca de $150.000 millones en pesos corrientes, seguida por Jujuy, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Entre esos cinco distritos se explica el 55% del total nacional, con una fuerte concentración en los dos primeros.
El contraste es marcado en el extremo opuesto: provincias como San Luis y La Pampa registraron los niveles más bajos de ejecución, mientras que en diez jurisdicciones la participación en el total nacional no llegó siquiera al 1%. En términos de desempeño interanual, Santiago del Estero, Jujuy y Chubut encabezaron las subas, aunque con niveles absolutos todavía reducidos, mientras que Tucumán, San Luis, Santa Cruz y La Pampa sufrieron caídas superiores al 80%.
El caso Corrientes
Dentro de ese panorama contractivo, Corrientes aparece como un dato político y económico de relevancia. En la comparación con 2023, fue una de las cuatro únicas provincias que lograron mostrar incrementos reales en la inversión nacional, junto con Jujuy, Santiago del Estero y San Juan. El dato adquiere mayor peso si se considera que la mayoría de los distritos todavía exhiben retrocesos que, en algunos casos, rozan el colapso total de la obra pública nacional.
La mejora relativa de Corrientes no altera el cuadro general de ajuste, pero sí la posiciona como una excepción dentro del esquema federal actual.
En un contexto de negociaciones permanentes con la Nación por recursos y continuidad de proyectos, el desempeño provincial se convirtió en un elemento de diferenciación política y de gestión, especialmente en una región, el NEA, históricamente dependiente de la inversión pública para sostener el empleo y la actividad.
Ese contraste también se refleja en el debate sectorial. En octubre pasado, Corrientes fue sede de un encuentro regional de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), donde empresarios del NEA advirtieron sobre el complejo escenario que atraviesa la actividad y coincidieron en que la obra pública “no debe considerarse un gasto, sino una inversión estratégica”.
La elección de la provincia como sede no fue casual: el sostenimiento de proyectos y la expectativa de continuidad explican parte de su singularidad dentro del mapa nacional.
Construcción en crisis
El deterioro de los giros nacionales impacta de lleno en el sector de la construcción, que atraviesa una fase de alta incertidumbre. Según el INDEC, en noviembre la actividad se contrajo 4,1% mensual desestacionalizado, el peor registro en más de un año, y acumuló una caída interanual del 4,7%.
Si bien algunos indicadores muestran señales parciales de sostén -como el empleo registrado o el consumo de ciertos insumos-, el clima empresario sigue siendo mayoritariamente pesimista.
Entre otros indicadores, la cantidad de puestos de trabajo arrojó una suba interanual del 3,5% y llegó a los 392.130 trabajadores, mientras que las superficies autorizadas por los permisos de edificación creció 4,1% interanual a un total de 1.601.008 metros cuadrados.
Los datos de consumo aparente de los insumos para la construcción se mantuvieron estables en relación con el mes anterior, destacando las subas de 33,2% en artículos sanitarios de cerámica, un 19,7% de hormigón elaborado y 17,6% de asfalto.
Como contraparte, se observaron bajas de 19,3% en ladrillos huecos, 17,8% en yeso y 15,0% en pisos y revestimientos cerámicos.
En el acumulado anual, se destacan los aumentos de 47% en asfalto, 31% en artículos sanitarios de cerámica y del 22% en hormigón elaborado. En contraste, las compras de ladrillos huecos cayeron 1,3% y las de yeso 2,1%.
En este marco las empresas constructoras privadas se mostraron pesimistas sobre una mejora del sector para los próximos tres meses, con un 68,5% de los relevados que afirmó que la realidad del sector no cambiará a febrero del corriente año. Asimismo, el 18,5% de los mismos estima que disminuirá y un 13%, que incrementará.
En tanto, el 54,1% de las empresas mayormente dedicadas a la obra pública estiman que el nivel de actividad no cambiará, mientras que 24,0% cree que disminuirá y 21,9%, que aumentará.
Así, el cierre de 2025 dejó todo un mensaje: los registros de giros para obra pública no solo marcan un mínimo histórico, sino que reabren el debate sobre el modelo de infraestructura, el reparto federal de recursos y el impacto económico de una política de ajuste prolongada.
En ese tablero el caso Corrientes se destaca, pero no alcanza aún para revertir una fotografía general de fuerte retracción.