(Pablo Roma, Congreso Nacional) – Con respaldo de gobernadores y capitalizando el clima de descontento social, la oposición prepara una ofensiva parlamentaria para esta semana. El radicalismo disidente, a través del bloque Democracia Para Siempre (DPS), encabeza la convocatoria a una sesión especial con una agenda centrada en el financiamiento de las universidades nacionales y la crítica situación del Hospital Garrahan. A estos temas se sumó a último momento un paquete de proyectos que buscan frenar el aumento de retenciones, lo que terminó de atraer el interés de varios mandatarios provinciales.
El miércoles será un día clave en el Congreso: mientras en el recinto los diputados intentarán sesionar, en las puertas del Parlamento se realizará una conferencia de prensa convocada por jubilados, que anunciarán una “Marcha antirrepresiva” prevista para el 16 de julio. La estrategia opositora, similar a la aplicada en ocasiones anteriores, busca tensar al máximo al oficialismo y dejarlo a la defensiva.
Tras un mes de parálisis legislativa, luego de la última sesión que dio media sanción a leyes sobre discapacidad y jubilaciones, el escenario político se recalentó. La detención de Cristina Kirchner y el conflicto entre gobernadores y la Casa Rosada por el reparto de fondos profundizaron la tensión. En este contexto, DPS decidió avanzar en soledad y convocó una sesión con temas sensibles que dificultan al oficialismo justificar su rechazo.
El radicalismo rebelde, enfrentado a la conducción de Rodrigo de Loredo, apostó fuerte a temas de alta sensibilidad pública: salud pediátrica y educación universitaria. “¿Quién va a votar en contra del Garrahan?”, desafían desde el sector. La intención es forzar el tratamiento de estos temas emplazando a la Comisión de Presupuesto, presidida por José Luis Espert.
A la par, el peronismo decidió responder con otra convocatoria para unas horas más tarde, tras quedar excluido del temario original. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, criticó la actitud del titular de DPS, Pablo Juliano, por no aceptar incluir el rechazo a varios decretos presidenciales, y lo acusó de buscar un rédito político interno. Sin embargo, UxP adelantó que dará quórum para no quedar descolocado ante la opinión pública.
El entusiasmo de la oposición se basa en dos factores. Por un lado, emplazar una comisión no implica un costo fiscal inmediato, lo que facilita el apoyo de sectores moderados. Por el otro, se introdujo como incentivo para las provincias agroexportadoras un grupo de proyectos que apuntan a extender la rebaja de retenciones a la soja y el maíz. Una medida que cuenta con el respaldo explícito del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y de Juan Schiaretti, ambos con diputados clave para garantizar el quórum.
En los pasillos opositores confían en que la presión del agro incline la balanza. Diputados como Fernando Morchio, cercano a Frigerio, o Atilio Benedetti, del radicalismo entrerriano, están bajo la lupa. El proyecto de DPS ya sumó las firmas de figuras como Julio Cobos y Mario Barletta, lo que agita las internas en el radicalismo y aumenta las chances de éxito.
Además del Garrahan y las universidades, el temario incluye otras propuestas como juicio por jurados, modificación del huso horario y una reforma a la ley de decretos de necesidad y urgencia (DNU). Esta última, aunque tiene dictamen, difícilmente logre la mayoría especial necesaria para su aprobación.
Otro punto de tensión será la comisión investigadora $LIBRA. La oposición quiere cambiar el mecanismo de designación de sus autoridades para destrabar el empate actual, producto de los cambios que Martín Menem impuso en la distribución de bancas.
Pero más allá de las cuestiones de procedimiento, la pulseada política gira en torno a dos símbolos de la crisis social: el Garrahan y las universidades. La oposición los pone en el centro del debate con el objetivo de incomodar al Gobierno y reforzar su estrategia de desgaste parlamentario. El tablero está en movimiento, y los gobernadores tienen, una vez más, la llave del desenlace.