(Pablo Roma, Congreso Nacional) – Finalmente, tras el anuncio de que se había aprobado el artículado de los “Superpoderes” para la emergencia que pedía Javier Milei, se desató el escándalo en el recinto de la Cámara de Diputados y el dictamen volvió a “foja cero”, con lo cual, deberá debatirse nuevamente en Comisiones.
Javier Milei enfrentó una contundente derrota política cuyas repercusiones aún son impredecibles. La situación se tornó adversa para el oficialismo durante el tratamiento de la ley ómnibus, cuando se vislumbró la inminente pérdida en la votación sobre privatizaciones.
La orden de retirar la ley provino del asesor Santiago Caputo, quien, durante un cuarto intermedio convocado ante la amenaza de derrota, instruyó a los líderes de los bloques aliados a retirarla. Previamente, se supo que Caputo había amenazado con retirar la norma durante las negociaciones, cuando varios capítulos comenzaban a ser cuestionados por varios supuestos legisladores “aliados”.
Esta decisión coloca al Congreso en una situación sin precedentes y al Gobierno en una vergüenza histórica: la ley fue aprobada en general, pero al votarse en particular, fue retirada del recinto y enviada de vuelta a comisión. Esta situación desconcertó a los diputados, quienes no recordaban haber enfrentado algo similar.
El diputado Miguel Pichetto alertó sobre la derrota inminente y pidió “flexibilidad” a Menem para convocar un cuarto intermedio y evitar un papelón. Sin embargo, el bloque libertario entró en crisis total, incluso una diputada llamó a Karina Milei en Israel para informarla, pero recibió una respuesta despectiva.
Desilusionado por la versión descafeinada de la ley, Milei se ausentó del seguimiento de la norma y dejó el asunto en manos de Santiago Caputo, con resultados desfavorables. La caída de la ley es total: la aprobación en general pierde efecto, lo que significa que el proceso debe comenzar nuevamente desde cero.
La decisión de regresar la ley a comisión fue tomada por el jefe del bloque libertario, Oscar Zago, una estrategia que fue criticada por los jefes de bloques aliados. Zago culpó a los gobernadores aliados, en particular a Martín Llaryora de Córdoba y Maximiliano Pullaro de Santa Fe, por el fracaso.
Este ataque desencadenó la furia de los gobernadores de Juntos, quienes no solo votaron a favor de la ley, sino que también decidieron no apoyar la coparticipación del impuesto País, liderados por Llaryora, el único que mantuvo su posición coherente y rechazó las privatizaciones.