(Corresponsalía Buenos Aires) Así lo analizó para el portal de noticias IPROFESIONAL, el periodista experto en temas energéticos, Antonio Rossi, detallando todas las áreas que tendrá a su cargo el nuevo Ministro Guillermo Ferraro.
El presidente electo, Javier Milei, a pesar de sus críticas continuas a la “casta política” ya las administraciones kirchneristas, ha optado por adoptar el modelo organizativo de un “superministerio” que implementó Néstor Kirchner a partir de 2003 durante su llegada a la Casa Rosada, centrándose en el sector de “obras y servicios públicos”.
Según lo informado por Antonio Rossi en IPROFESIONAL, esta iniciativa se traducirá en la creación del nuevo “Ministerio de Infraestructura”, liderado por Guillermo Ferraro, que desde el 10 de diciembre concentrará todos los organismos y presupuestos relacionados con Obras Públicas, Transporte, Energía, Minería y Comunicaciones.
El designado por Milei para dirigir esta megaestructura ministerial es el exdirector de la consultora KPMG Argentina, Guillermo Ferraro, reconocido en el sector por su trabajo en proyectos de ingeniería y obras públicas desde la década de 1990. Ferraro ha tenido una trayectoria que abarca tanto la esfera estatal como la empresarial, desempeñándose en roles clave durante las gestiones de diferentes presidentes, desde Antonio Cafiero hasta Mauricio Macri.
El enfoque principal encomendado por Milei al futuro ministro Ferraro se centra en “reducir la presencia y participación del Estado” en la ejecución de obras de infraestructura y servicios públicos, permitiendo su operación por parte de concesionarios privados.
La gestión prevista por Ferraro abarca dos tareas esenciales: la regularización y extensión de las concesiones viales, energéticas y de transporte, actualmente en prórrogas precarias, y la implementación del mecanismo de participación público-privada (PPP) en lugar de los contratos tradicionales de obras. públicos.
En el ámbito vial, se focalizará en resolver los temas pendientes relacionados con las concesiones en manos de empresas como Ausol y GCO, así como el caso del puente Rosario-Victoria, actualmente gestionado por el consorcio Caminos del Río Uruguay y judicializado.
En el sector eléctrico y gasífero, se buscará abordar las renegociaciones contractuales y las revisiones tarifarias integrales de varias empresas del rubro, junto con el tratamiento de contratos de concesión que han alcanzado su término.
En cuanto al transporte, se deberán tomar decisiones sobre concesiones vencidas de ferrocarriles de carga y pasajeros, terminales portuarias y la hidrovía.
Respecto a las obras públicas, se asegura el respeto a los contratos en curso y se proyecta canalizar los futuros proyectos bajo el sistema de PPP.
La implementación de los PPP como método principal de contratación de obra pública, de acuerdo con los asesores de Ferraro, podría llevarse a cabo entre uno y dos años, condicionado por la corrección de desequilibrios macroeconómicos y la reducción de la inflación.
Los PPP implican convenios entre el Estado y contratistas privados, quienes adelantan fondos para construir obras a cambio de la habilitación para cobrar aranceles y gravámenes. La propuesta incluye la creación de una secretaría específica de “Concesiones e Iniciativas Privadas” para definir proyectos de infraestructura y obras públicas a realizar mediante PPP, asegurando estudios previos y dictámenes sobre ingresos y egresos a largo plazo, así como fuentes de financiamiento privado.
Este enfoque propuesto por Milei, a pesar de sus críticas habituales al statu quo político, refleja la adopción de estrategias previamente implementadas por gobiernos anteriores, mostrando un modelo organizativo similar al que Néstor Kirchner había establecido en su momento.