El presidente Javier Milei firmó dos polémicos decretos que amplían significativamente la capacidad de las Fuerzas Armadas para intervenir en cuestiones de seguridad interna, desdibujando los límites establecidos por la Ley de Defensa Nacional sancionada en 1988, que buscaba separar claramente las funciones militares de la seguridad interior.
Estos decretos no solo redefinen el concepto de “agresión externa” para incluir acciones de organismos paraestatales, organizaciones transnacionales y ciberataques, sino que también facultan a las Fuerzas Armadas a operar en zonas de frontera y proteger “objetivos de valor estratégico”. Además, habilitan al Ministerio de Seguridad a solicitar su colaboración en conflictos internos, algo previamente restringido por la normativa.
La Ley de Defensa Nacional, promulgada tras la vuelta de la democracia, limitaba la actuación militar a amenazas de origen externo y específicamente a conflictos interestatales. Sin embargo, Milei derogó la reglamentación de 2006 establecida por el expresidente Néstor Kirchner, que reforzaba estas limitaciones, argumentando que respondía a “sesgos ideológicos contrarios a los intereses de la República”.
Los nuevos decretos otorgan al Poder Ejecutivo la capacidad exclusiva de definir qué bienes e instalaciones constituyen “objetivos de valor estratégico”, eliminando la obligación de consultar al Congreso. Esto ha generado preocupación entre organizaciones sociales y de derechos humanos, que temen un uso discrecional de estas herramientas para reprimir protestas sociales o desalojos de comunidades indígenas.
Manuel Trufó, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), expresó que “es preocupante que se avance en una militarización de la seguridad interior sin que haya una amenaza real que lo justifique”. Según Trufó, la inclusión de infraestructura económica entre los objetivos estratégicos sugiere un posible enfoque represivo hacia conflictos sociales vinculados a recursos naturales o manifestaciones laborales.
A esto se suma un cambio de paradigma evidente en la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas: una mayor inversión en Defensa, la reinstauración de desfiles militares y declaraciones como las del ministro de Defensa, Luis Petri, quien aseguró en redes sociales: “Donde hay recursos y futuro, no habrá lugar para mafias ni corruptos”.
El avance de estos decretos ha reavivado los fantasmas de la dictadura militar (1976-1983), un periodo en el que las Fuerzas Armadas tuvieron un rol central en la represión interna. “Desdibujar los límites entre Defensa Nacional y Seguridad Interior no solo es un retroceso, sino que abre la puerta a abusos de poder en un contexto de alta conflictividad social”, advierten especialistas.
Organizaciones de derechos humanos, comunidades indígenas y sectores políticos opositores han comenzado a articular medidas para frenar la implementación de estas disposiciones, que consideran una amenaza directa a los principios democráticos establecidos tras el retorno de la democracia.
El giro impulsado por Milei marca un antes y un después en la historia reciente de la seguridad y defensa en Argentina. Mientras el gobierno defiende las medidas como una actualización necesaria frente a amenazas modernas, el impacto en los derechos ciudadanos y la democracia genera una profunda incertidumbre. La línea que separa la seguridad de la represión parece, una vez más, estar en riesgo de desdibujarse.