(Corresponsalia Buenos Aires) – El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, denunció penalmente a Eduardo Miguel Prestofilippo, el youtuber de ultraderecha y negacionista de Paraná conocido como EL PRESTO. La causa penal es por “Hostigamiento Digital e Incitación a la Violencia”.
A través de su apoderado, el doctor Daniel Llermanos, Moyano señaló que “una vez más la calumnia es utilizada como estrategia política”, agregando que “en realidad, no sorprende, porque los sindicalistas del campo popular estamos acostumbrados a ese juego sucio”.
Asimismo, subrayó que “todo tiene un límite” y apuntó que Prestofilippo “ha violentado elementales barreras de la libertad de expresión, convirtiendo su actividad en la comisión de reiterados delitos”. A raíz de esto, Moyano y su abogado informaron que iniciarán una causa penal contra el youtuber.
Por qué lo denuncian a El Presto
En su cuenta de Instagram, El Presto aseguró que “Pablo Moyano amenaza a la democracia”, agregando con relación a quien en vida fue madre de mis hijos que “hay que pedir la exhumación del cuerpo de su mujer fallecida, no se le hizo autopsia, fue atendida en una Clínica de Camioneros”.
La denuncia judicial, Moyano solicitó que El Presto sea “severamente condenado a pena de prisión por sus dichos calumniosos ordenándose asimismo la inmediata baja, bloqueo y desindexación de las publicaciones agraviantes”. Desde el entorno del sindicalista destacaron que “existe un antecedente que agravará la situación procesal del imputado toda vez que ya registra condena de la Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.
Prestofilippo se mostró indignado en sus redes sociales, más concretamente en Instagram, por la decisión de la CGT -donde Pablo Moyano es uno de los triunviros- en disponer un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei, a raíz del DNU donde el sindicalismo considera que se habilita una reforma laboral, permite la privatización de numerosas empresas estatales, peligra el sistema de salud pública y se abre la posibilidad a la privatización del sistema previsional”.