(Corresponsalía Buenos Aires) – En medio de una gestión marcada por la inestabilidad en el área laboral, la ministra Sandra Pettovello, una figura clave y de extrema confianza del presidente Javier Milei, ha realizado nuevos cambios en la Secretaría de Trabajo.
Cambio de funcionarios en la Secretaría de Trabajo
Sandra Pettovello ha solicitado la renuncia de Liliana Acosta de Archimbal y ha designado a Martín Huidobro en su lugar. Este cambio es parte de una serie de movimientos dentro de la secretaría, que ha visto numerosos reemplazos en su gestión.
La sombra de Triacca y las tensiones internas
La secretaría de Trabajo ha estado bajo la influencia del ex ministro de Cambiemos, Jorge Triacca, quien, aunque no fue aceptado como titular por el nuevo gobierno, logró posicionar a personas de su confianza en cargos clave. Sin embargo, estos funcionarios han enfrentado problemas, siendo Horacio Pitrau uno de los primeros en ser removido.
Julio Cordero, un abogado laboralista apoyado por Paolo Rocca, quedó al frente de la cartera, mientras que Mariana Hortal Sueldo, inicialmente designada como subsecretaria, renunció debido a diferencias sobre la gestión del personal. Fue reemplazada por Liliana Acosta de Archimbal, quien posteriormente también fue removida por Pettovello.
Designación de Martín Huidobro y cambios adicionales
Martín Huidobro, quien ocupaba el puesto de director de Asuntos Jurídicos en la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano, ha sido designado en reemplazo de Acosta de Archimbal. Huidobro, aunque con experiencia en asesoría legal en diferentes ministerios y empresas, carece de trayectoria en temas laborales específicos.
Además, Luis Palomino, quien renunció a la subsecretaría de Empleo, fue sustituido por Eugenia Cortona. Palomino ahora dirige los planes Volver al Trabajo, destinados a desarrollar competencias sociolaborales.
Denuncia judicial contra ex funcionarios macristas
Pettovello ha presentado una denuncia judicial contra ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, acusándolos de irregularidades en el pago de 600 millones de pesos a una asociación civil entre 2017 y 2019. La denuncia, basada en una auditoría interna y en información de un empleado arrepentido, apunta a 13 personas involucradas en una presunta asociación ilícita que habría realizado negocios millonarios a costa del Estado.
Estos convenios con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDYAT) están bajo revisión, con documentación preservada para aportar evidencia sobre el manejo discrecional de fondos públicos, incluyendo dinero de fuentes internacionales.
Este panorama de cambios y denuncias refleja la complejidad y los desafíos que enfrenta el área laboral bajo la gestión del actual gobierno.