Ayer la diputada provincial Janina Ortiz debía presentarse ante la Justicia para ser imputada, pero no lo hizo porque su defensa considera que no pasó el tiempo suficiente para apelar. La negativa podría ser un argumento para que a nivel político tenga más presión y hay quienes promueven que sea suspendida.
Como ya no tiene fueros, la legisladora será imputada en dos causas judiciales en las que está involucrada. En una de ellas, en la que se investigan cooperativas irregulares durante su gestión en Las Heras, la Justicia cuenta con un documento que incluye un diálogo, al que accedió MDZ, entre dos funcionarios que la involucran de manera categórica.
Ortiz fue durante gran parte de la gestión de su marido en Las Heras, Daniel Orozco (quien fue intendente entre 2015-2023), la secretaria de Gobierno. Pero más allá de su cargo, fue una funcionaria con muchísimo poder de decisión dentro del municipio. A lo largo de este año, mientras políticamente Orozco decidía jugar políticamente para La Unión Mendocina como candidato a vicegobernador, abandonando al frente oficialista Cambia Mendoza (algo que le generó perder el departamento), salieron a la luz causas judiciales por diferentes situaciones en el municipio.
Por dos de ellas, dos fiscales pidieron el desafuero de Ortiz que fue convalidado por la Cámara de Diputados, ante una presentación de último momento de la misma diputada para que sus pares tomaran esa decisión..Es decir que puede ser juzgada pese a ser legisladora provincial. Una de las causas es la investigada por el fiscal Flavio D’ Amore, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 7.D’ Amore lleva adelante una investigación por “presunta comisión del delito de fraude en perjuicio de la administración oública” en la cual se señala a la exsecretaria de Gobierno lasherina como presunta coautora por el supuesto desvío de 35 millones de pesos a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra.
En esa causa hay cruce de llamadas. MDZ accedió a las transcripciones entre un funcionario y un integrante de las cooperativas. En la charla por whatsapp, involucran directamente a la legisladora de la Unión Mendocina al mencionarla porque debían darle, aparentemente, el dinero que le correspondía por “dos meses” de funcionamiento del mecanismo sospechado.
Mientras esto ocurre en la Justicia, es probable que la Legislatura, tome el camino de la suspensión de Ortiz por “inconducta”, por no presentarse ante la citación judicial. Eso le valdría momentáneamente una integrante menos a La Unión Mendocina en Diputados. Mientras tanto, el jefe del interbloque oficialista, Enrique Thomas, pidió oficialmente su renuncia.
