Tras la convocatoria formal a sesionar este viernes, el oficialismo redobla gestiones para asegurar la sanción del Presupuesto 2026 sin cambios y evitar que vuelva a Diputados. Gobernadores, aliados fluctuantes y artículos sensibles marcan el tramo decisivo del debate.
El anuncio de la vicepresidente Victoria Villarruel convocando a sesión especial del Senado para este viernes terminó de formalizar el escenario político que el Gobierno nacional venía preparando desde hace días: un sprint final para intentar sancionar el Presupuesto 2026 antes del cierre del año.
La sesión, prevista para el mediodía, se convirtió en el punto de confluencia de negociaciones contra reloj, presiones cruzadas y un delicado equilibrio entre aliados circunstanciales y bloques provinciales atravesados por las demandas de sus gobernadores.
El oficialismo llega a este tramo con una premisa central: sostener el texto que la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular, aun después de que el Capítulo 11 quedara caído en la votación artículo por artículo.
Con ese objetivo, La Libertad Avanza decidió resignar cualquier intento de reponer ese segmento conflictivo -vinculado a financiamiento universitario, subsidios y partidas sensibles- y ordenar la estrategia sobre un punto operativo: evitar que la Cámara alta introduzca modificaciones que obliguen a un regreso a Diputados sin margen de tiempo para un nuevo tratamiento.
Esa definición está directamente asociada al antecedente inmediato en la Cámara baja. Allí, el Presupuesto fue aprobado tras una negociación intensa con bloques dialoguistas y representantes provinciales, en un clima marcado por advertencias sobre el déficit cero que el presidente Javier Milei ratificó como línea de gestión.
El ministro del Interior, Diego Santilli, presentó el proyecto como una herramienta de “previsibilidad”, al tiempo que el Ejecutivo dejó entrever que cualquier ajuste posterior podría canalizarse por la vía administrativa.
Sin embargo, la especificidad del Senado y el peso político de los gobernadores reconfiguraron el tablero. Con 19 senadores propios y apoyos potenciales en la UCR y el PRO, el oficialismo desplegó conversaciones caso por caso, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y operadores parlamentarios trabajando sobre un mapa de voluntades que incluye a legisladores federales, provinciales y espacios que no actúan en bloque.
En paralelo, la discusión de fondo se concentró en dos artículos que encendieron alertas en sectores opositores y aliados. El artículo 30 que deroga pisos y referencias normativas vinculadas a educación, ciencia, tecnología y defensa, y el artículo 12, que incorpora un esquema de asignación y supervisión de fondos para universidades nacionales que habilita la interrupción de transferencias.
Bullrich busca un triunfo claveen su debut parlamentario 2025
Patricia Bullrich no piensa en otra cosa que ganar. Pidió que la Reforma Laboral entrara por el Senado en busca de un rutilante triunfo parlamentario y terminó pasando el tema a febrero porque no contaba con los votos para aprobarlo. Sintió que en esa discusión perdió y este viernes, en la sesión por el Presupuesto 2026, quiere ganar como sea, por lo que ya avisó que no va a autorizar la intromisión de ningún tema. El aviso que le hizo llegar a propios y ajenos tiene que ver con la posibilidad de que se vayan introduciendo temas a lo que será su primera sesión como presidente del bloque de La Libertad Avanza.
“Lo único por afuera es la jura de Fullone, nada más”, dijo un senador libertario al portal “Infobae.com” en referencia a la asunción del legislador de Río Negro Enzo Fullone en lugar de Lorena Villaverde que va a completar el bloque con 22 senadores. Pero también lo dijo frente a la posibilidad de que a alguno se le ocurra meter por la ventana la posibilidad de nombrar a los Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Senadores como sucedió en Diputados. En la Cámara alta hay nombres que suenan para ocupar esos tres cargos, pero, al igual que lo que sucedió en Diputados, hay más nombres que sillas para ocupar.
Este viernes a las 12 debutará Patricia Bullrich como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, un recinto que en los últimos dos años al oficialismo le costó hacer pie.
Reforma laboral: baja de impuestos y dudas
La oposición y las provincias ya encendieron las luces de alarma. El proyecto de “modernización laboral” que envió el Poder Ejecutivo al Senado incluye una serie de rebajas impositivas que, según sus estimaciones, tendrán un costo fiscal del 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI) unos US$5.500 millones anuales – y, por tratarse de impuestos coparticipables, serán recursos que dejarán de percibir las provincias si la iniciativa, así planteada, se convierte en ley, explicó el diario La Nación en una nota publicada.
En este sentido, recuerdan que el impacto fiscal del 0,8% del PBI que significará esta merma en la recaudación implica nada menos que la mitad del superávit fiscal previsto en el proyecto de presupuesto 2026 (1,5% del PBI) advierte la oposición. Con el agravante de que el Gobierno, contrario a lo que pregona e incluso impone como regla para todas las leyes que se discutan en el Congreso-, no explicita en ningún párrafo de su proyecto cuáles serán las fuentes de financiamiento de ese costo.