La Cancillería ni la Casa Rosada opinaron sobre la carta que el Presidente firmó con cuestionamientos a jueces chilenos en una causa de corrupción que involucra a Enríquez-Ominami, fundador del Grupo de Puebla
Alberto Fernández firmó una carta del Grupo de Puebla en que se acusa al sistema judicial chileno por una causa que afecta al excandidato presidencial y fundador de la agrupación junto al mandatario argentino Marco Enríquez-Ominami. La adhesión del Presidente generó malestar en el gobierno de Gabriel Boric. Ante esta inesperada crisis bilateral, ni la Cancillería ni la Casa Rosada emitirán por ahora alguna posición.
“Sin comentarios”, dijeron fuentes cercanas al canciller Santiago Cafiero. La carta que suscribe Fernández denuncia una justicia “dilatada” en un proceso contra Enríquez-Ominami, amigo personal del Presidente y fundador del Grupo Puebla.
No es el primer cortocircuito que se generó entre la Argentina y Chile. Hubo también un contrapunto reciente a partir de la intervención del embajador argentino en Santiago de Chile, Rafael Bielsa, quien defendió al líder de la Residencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala , condenado en el país vecino a nueve años de prisión por su participación en un ataque incendiario en el país trasandino en 2013. Huala fue detenido en El Bolsón hace dos semanas y podría ser extraditado a Chile. En la Cancillería argentina todavía no recibieron el pedido oficial, según comentaron fuentes oficiales .
“Una justicia dilatada es una justicia denegada”, dice la carta del Grupo de Puebla sobre el llamado caso Sociedad Química y Minera en la que está imputado Enríquez-Ominami por delitos tributarios.
“Desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”, comienza el texto.
Al respecto, los firmantes opinan que “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron los fiscales a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile”.
“Una justicia dilatada es una justicia denegada. La dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado. Otro caso de lawfare como los adelantados en América Latina para perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado”, dice el texto.
Además de Alberto Fernández, la carta está suscrita por otros líderes como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia). También firman el excanciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, Celso Amorin; la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de México, Beatriz Paredes; y la diputada chilena Karol Cariola (PC).
La relación de Alberto con Ominami
La relación política y personal entre Alberto Fernández y el dirigente chileno Enríquez Ominami viene desde hace dos décadas, cuando el actual Presidente era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y luego de Cristina Kirchner, entre 2003 y 2008. El referente trasandino tenía entonces un discurso similar al del kirchnerismo original, que salía del peronismo clásico y se ubicaba en el espectro progresista de la política argentina.
Fernández y Ominami mantuvieron la sintonía –ambos desde el llano en sus países- y cuando Alberto llegó a la Presidencia, en 2019, lo convocó para dinamizar el Grupo de Puebla como una herramienta para proyectar su figura a nivel regional y continental. Fue el momento en el que Fernández buscó una alianza con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que luego se desdibujó cuando la diplomacia argentina emprendió el camino para que Fernández llegara a la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Con Ominami, en cambio, la relación no se resintió, pese a que el chileno es considerado el cerebro político detrás del Grupo de Puebla y a que está involucrado directamente en los comunicados y los pronunciamientos de la organización.