(Pablo Roma, Gremiales) – El Ministerio de Trabajo prorrogó por otros 10 días el período de conciliación obligatoria a partir de esta medianoche en el conflicto que por reclamos salariales mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias de la actividad.
La determinación laboral, adoptada sobre el filo del vencimiento de la Ley 14.786 de conciliación, fue acatada por el gremio, que levantó el paro previsto para mañana.
La determinación laboral, adoptada sobre el filo del vencimiento de la Ley 14.786 de conciliación, fue acatada por el gremio, que levantó el paro previsto para mañana.
Raquel “Kelly” Olmos dispuso “dar por iniciado un período de conciliación obligatoria por el término de cinco (5) días hábiles (…) debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.
Además, la cartera de Estado citó a una reunión de las partes para el próximo martes 23, según la disposición.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que conduce Roberto Fernández, había dispuesto hoy un paro nacional de 24 horas de choferes de colectivos de corta y media distancia a partir de esta medianoche en reclamo de mejoras salariales,
Trabajo indicó que ante la declaración de la huelga se debía “promover una solución pacífica y legal al conflicto planteado” y “otorgarse especial consideración al interés general como principio rector de las relaciones desarrolladas en la materia y por cuya protección esta administración debe velar”.
El Ministerio recordó que “por imperio de lo establecido constitucionalmente a partir de la reforma del año 1994, los derechos colectivos del trabajo fundamentales y los de protección al conjunto de la comunidad deben ser interpretados armónicamente”.
También destacó que la conciliación obligatoria procura que las partes “lleguen a un acuerdo”, así como “garantizar la paz social atendiendo a la necesidad pública de contrarrestar eventuales desbordes que pudieran suscitar las acciones de las partes”.
La disposición de la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo -que conduce Raúl Ferrara- dispuso en ese marco “intimar” a la UTA y a los trabajadores “a dejar sin efecto, durante el período indicado (…) toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.
A la vez, “intimar a las empresas de transporte que se desempeñan en el ámbito Región Metropolitana de Buenos Aires” involucradas en el conflicto “a abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la organización sindical y/o con cualquier otra persona, en relación al diferendo aquí planteado, así como también a otorgar tareas en forma normal y habitual a su personal”.
En caso de que las partes no cumplan con lo prescripto se les aplicarán sanciones, tal como lo prevé la ley, se advirtió.
Tras exhortar a las empresas y a la UTA a “mantener la mejor predisposición y apertura para negociar”, Trabajo ratificó una audiencia fijada para el martes 23 de mayo a las 13 mediante plataforma virtual, para evaluar el avance de las negociaciones y el acatamiento de lo ordenado”.
La ministra Olmos había anticipado a Télam que ante el anuncio del paro se iba a dictar la conciliación “para garantizar el servicio de colectivos y que las trabajadoras y los trabajadores puedan trasladarse mañana como cualquier día normal”.
El secretario de prensa de la UTA, Mario Calegari, había dicho a Télam que la huelga dependía de la declaración o no de la conciliación.
La UTA informó en un comunicado que había resuelto un plan de lucha “en la búsqueda de la mejora de nuestros salarios”. Y denunció que “las empresas niegan la posibilidad de aumento salarial, tanto en el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) como en el interior del país”.
“La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos ‘dañosos’ que causan, afectando a los 10 millones de usuarios diarios del AMBA y 9 millones en el interior del país, poniendo seriamente en riesgo la seguridad pública”, alertó el gremio.
“La posición es clara, los salarios de los trabajadores requieren un aumento urgente”, enfatizó el sindicato.