Universidades: estudiantes y docentes marchan al Congreso para impulsar la Ley de Financiamiento

(Corresponsalía Buenos Aires – Informe: X, @marceloCena) Asegurar el financiamiento de las universidades nacionales e impulsar una recomposición salarial para el personal de la educación superior, son los principales objetivos de la marcha convocada por la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu), entre otras organizaciones de profesores y estudiantes. La convocatoria se fijó para hoy, a partir de las 13:30, frente al Congreso.
Esta protesta se da en el contexto de un paro de 48 horas que comenzó ayer miércoles y cuando el Senado se siente a debatir la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene media sanción de Diputados y que el Gobierno anticipó que vetará si resulta con el aval de la Cámara alta.
“En el día de hoy vamos a estar manifestándonos frente al Congreso de la Nación para exigir a los senadores que traten la Ley de Financiamiento de las Universidades Nacionales que ya tiene media sanción de la cámara de diputados”, expresó a CdT Federico Montero, Secretario de Organización de Conadu.
“Esta ley, si bien no resuelve los problemas de fondo, permite recuperar el poder adquisitivo de los salarios de más de 200.000 docentes y no docentes revirtiendo la política de ajuste y estigmatización del gobierno de Javier Milei”, agregó el dirigente gremial.
El “problema de fondo” al que alude Montero se dio a partir de que el presidente Javier Milei implementara recortes significativos en los presupuestos de las universidades públicas. Básicamente fue a través de la no actualización de los presupuestos universitarios. Las casas de estudio nacionales recibieron el mismo presupuesto de 2023 para este año, cuando la inflación acumulada en el último año -datos de ayer del INDEC- fue de casi 270 por ciento.
Estos recortes de hecho generado una reducción interanual apabullante en el financiamiento de las universidades nacionales. Milei ha justificado estos recortes con argumentos como que las universidades públicas son centros de adoctrinamiento socialista y que es necesario reducir el gasto público para mejorar la economía del país.
Este escenario fue el disparador de la realización, el 23 de abril pasado, de la Marcha Federal Universitaria. Más de un millón de personas se movilizaron en todo el país. El acompañamiento de la sociedad fue contundente. Sin embargo, el Gobierno anticipó que insistirá con su posición: “No vamos a aprobar una ley que implique déficit fiscal”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Ante esto, el dirigente de Conadu dijo que “manifestarnos hoy también implica reafirmar nuestro derecho a la protesta luego de la brutal represión de ayer contra los jubilados y jubiladas y en caso de que el presidente vete la ley de financiamiento de las universidades vamos a responder con una gigantesca marcha cómo hicimos en la gigantesca marcha universitaria del 23 de abril”.
Entre las muchas universidades que se pronciaron enfáticamente por la ley que hoy se tratará en el Senado está la Universidad de Buenos Aires. El Consejo Superior de la UBA emitió un comunicado destacando que los salarios de los docentes universitarios han perdido, en promedio, entre un 35 y un 55 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos ocho meses.
Por su parte, el vicerrector de esa casa, Emiliano Yacobitti, llamó a la Cámara de Senadores a aprobar esta ley para evitar un deterioro mayor en las condiciones salariales y laborales de los profesores. “Muchos docentes están dejando de dar algunas horas en la universidad para dictarlas en otros ámbitos donde la remuneración ha sido mejor ajustada a la inflación”, advirtió.
El proyecto de la Ley de Financiamiento Universitario, presentado por la Unión Cívica Radical (UCR), tiene como propósito declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el próximo año. El texto de la ley propone una distribución fija del presupuesto: un 85% será destinado a gastos salariales y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento. Una fórmula que integra el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos, será utilizada para actualizar bimestralmente los fondos destinados al funcionamiento universitario.