(Fuente Perfil) – Diputados que firmaron el dictamen del oficialismo ahora salieron a acusar “cambios” no discutidos en el Congreso, la vincularon con una reunión en un departamento en Puerto Madero con el asesor Sturzenegger y hasta analizan presentar una denuncia. Otro sector denuncia la firma de un “dictamen en blanco”.
Para algunos diputados catalogados como “dialoguistas” con el oficialismo, quienes trabajan para obtener la aprobación de la ley ómnibus, el escándalo que se está difundiendo en los pasillos del Congreso sobre la firma de un dictamen que aparentemente fue alterado unilateralmente podría marcar un punto de inflexión. Este grupo no solo cuestiona ahora su respaldo a la ley “bases”, que se ha pospuesto para ser votada el próximo martes, sino que incluso considera la posibilidad de presentar una denuncia penal.
¿Qué sucedió exactamente? Según la reconstrucción realizada por PERFIL, los diputados dialoguistas, representados por legisladores del radicalismo, del bloque de Miguel Ángel Pichetto Hacemos Coalición Federal (HCF), además del PRO y los de La Libertad Avanza, habían alcanzado un dictamen por mayoría con 55 firmas el miércoles en la madrugada para avanzar en el tratamiento del extenso paquete de leyes propuesto por el gobierno de Milei. Hubo 34 firmas con disidencias. Sin embargo, el contenido de esos dictamen firmado no se dio a conocer inicialmente a la prensa, y muchos de los propios firmantes del oficialismo no estaban al tanto de los detalles del contenido. Según reconocieron, era más bien un texto guía.
La controversia surge ahora porque, según denunciaron otros diputados que también firmaron, el contenido acordado del dictamen fue modificado en las 13 horas transcurridas hasta que apareció la versión visada en la tarde del mismo miércoles. La molestia abarca tanto el contenido como la forma del proceso, ya que los cambios afectan aspectos cruciales como las zonas frías, biocombustibles, retenciones a productos regionales y pesca, elementos que los gobernadores de Juntos por el Cambio habían negociado con el ministro de Interior, Guillermo Francos.
Un ejemplo de quienes acusan estos cambios es el diputado Carlos Gutiérrez de Córdoba, vicepresidente de HCF, quien expresó su sorpresa y descontento: “Cuando creíamos que habíamos logrado condiciones para un acuerdo sobre biocombustibles, nos encontramos con modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo”. se hicieron, después de haber firmado un dictamen. Es muy grave y evidencia que al Gobierno Nacional solo le importa la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo”.
Además, surgen acusaciones de que estos cambios no se llevaron a cabo en el parlamento, donde deberían haberse hecho, sino en un departamento en Puerto Madero con la presencia del asesor y “padre de la ley”, Federico Sturzenegger. Algunos diputados, como Oscar Agost Carreño, incluso decidieron retirarse de la reunión al darse cuenta de la presencia de Sturzenegger.
Otras denuncias incluyen la firma de un dictamen “en blanco”, según Esteban Paulón del Partido Socialista, quien señaló que algunos diputados oficialistas lo firmaron en una hoja en blanco, situación que la Coalición Cívica de Elisa Carrió llegó a considerar como motivo para una posible denuncia penal.
Frente a estas acusaciones, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el Gobierno no realizó cambios en el texto del dictamen aprobado por el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, diputados como Luis Picat de la UCR insisten en que no hubo modificaciones sustanciales y que cualquier disidencia ya estaba reflejada en el dictamen original.
En resumen, el escándalo en torno a la modificación unilateral del dictamen de la ley ómnibus ha generado tensiones significativas entre los diputados, poniendo en duda la integridad del proceso legislativo y generando incertidumbre sobre el futuro de la ley.