(Pablo Roma, Congreso Nacional) – El Acuerdo representa también un instrumento para orientar inversiones y estándares productivos en sectores vinculados a recursos naturales, cadenas agroindustriales y economías regionales, precisó la legisladora jujeña.
La Cámara de Diputados otorgó media sanción el jueves 12 de febrero de 2026 al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento que llega luego de años de negociaciones y que apunta a crear una zona de libre comercio y un marco amplio de cooperación.
En ese contexto, la diputada nacional María Inés Zigarán remarcó que el acuerdo puede representar una oportunidad concreta para el desarrollo productivo y la inserción internacional del país. La legisladora subrayó, en particular, los beneficios que podría traer para Argentina en términos de exportaciones, acceso a insumos estratégicos y alineamiento con estándares ambientales.
“Permitirá —señaló— un acceso ampliado al mercado europeo para las exportaciones agroindustriales de las distintas regiones del país; también la importación desde Europa de bienes de capital e insumos, lo que puede reducir costos y mejorar productividad, de modo que será una muy importante herramienta de integración”.
En la oportunidad recordó además que Jujuy tuvo una experiencia muy positiva con la EU, a través de su banco estatal, el BEI y la Comisión Europea, para la implementación del proyecto GIRSU que incluyó un crédito y una donación. Subrayó la legisladora que esa relación no sólo ha sido financiera o de cooperación, “sino que nos ha permitido compartir valores comunes en materia de democracia, derechos humanos, ambiente, transparencia y compromiso con el desarrollo local”. Por eso consideró que este Acuerdo generará una multiplicidad de beneficios con un bloque con el que Argentina comparte valores y una visión de un mundo multipolar.
Eje ambiental: compromisos, control y trazabilidad
Al poner el foco en los aspectos ambientales, Zigarán destacó que el Acuerdo incorpora el principio precautorio y un compromiso de no regresión, es decir, la obligación de no bajar estándares ambientales o laborales con el objetivo de atraer comercio o inversión.
“Contiene una prohibición expresa -destacó- del comercio de productos obtenidos ilegalmente, incluido madera talada ilegalmente, en el marco de un objetivo genérico de protección de los bosques, combatiendo la tala ilegal y la deforestación”.
La diputada también hizo hincapié en el diseño institucional previsto para sostener esos compromisos en el tiempo: “Prevé mecanismos de cumplimiento específico para el capítulo de desarrollo sostenible (consultas, panel de expertos, informe público) y hay un incentivo fuerte a la trazabilidad y el cumplimiento, de modo que el Acuerdo va a significar inversión en controles, certificación y cadenas libres de deforestación”.
Para cerrar, sostuvo que el entendimiento abre una ventana relevante en materia de cooperación internacional: “Constituye una gran herramienta para la cooperación en tecnologías verdes, cadenas sostenibles y biodiversidad”, ponderó.
Un debate con impactos económicos y regulatorios
La media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina se inscribe en una discusión más amplia sobre competitividad, reglas de acceso a mercados y exigencias de calidad y trazabilidad en el comercio global. En ese marco, Zigarán planteó que el Acuerdo no debe leerse solo como una reducción de aranceles, sino también como un instrumento capaz de orientar inversiones y estándares productivos, especialmente en sectores vinculados a recursos naturales, cadenas agroindustriales y economías regionales.