(Pablo Roma, Gremiales) – La Confederaci\u00f3n General del Trabajo de la Rep\u00fablica Argentina (CGT-RA) conjuntamente con la Central Aut\u00f3noma de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T) y la Central de Trabajadores de la Argentina Aut\u00f3noma (CTA-A), solicitan la intervenci\u00f3n con car\u00e1cter de urgente del Director General de la OIT y la remisi\u00f3n de la denuncia por violaciones al Convenio sobre la libertad sindical y la protecci\u00f3n del derecho de sindicaci\u00f3n, que a continuaci\u00f3n se exponen, a la Comisi\u00f3n de Expertos en Aplicaci\u00f3n de Convenios y Recomendaciones para su urgente tratamiento.<\/p>\n\n\n\n
En una nota conjunta firmada por los secretarios Roberto Baradel, Adolfo Aguirre y Gerardo Mart\u00ednez, representantes de las principales centrales sindicales argentinas, se ha presentado una preocupante denuncia ante la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo (OIT). Este reclamo surge en respuesta a las medidas anunciadas por el Gobierno que, seg\u00fan los sindicatos, agudizar\u00e1n la crisis econ\u00f3mica y erosionar\u00e1n el poder adquisitivo de los trabajadores en Argentina.<\/p>\n\n\n\n
El paquete de ajuste fiscal y cambiario introducido por la nueva administraci\u00f3n, asumida el 10 de diciembre de 2023, proyecta una escalada inflacionaria estimada entre el 20% y el 30% en los pr\u00f3ximos meses. Esta situaci\u00f3n, de no ser contrarrestada por pol\u00edticas de ingresos adecuadas y negociaciones colectivas libres, podr\u00eda sumir a millones de ciudadanos argentinos en una angustiante situaci\u00f3n socioecon\u00f3mica, dej\u00e1ndolos sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades b\u00e1sicas.<\/p>\n\n\n\n
Las nuevas medidas tambi\u00e9n amenazan con paralizar la actividad econ\u00f3mica, lo que potencialmente pondr\u00e1 en riesgo cientos de miles de puestos de trabajo. Esto se suma a la adopci\u00f3n de un Protocolo para el Mantenimiento del Orden P\u00fablico frente a protestas sociales, presentado apenas dos d\u00edas despu\u00e9s del anuncio del plan de ajuste, lo que genera preocupaci\u00f3n y alarma entre las organizaciones sindicales.<\/p>\n\n\n\n
Este protocolo otorga facultades amplias a las fuerzas de seguridad para intervenir en manifestaciones que obstaculicen la circulaci\u00f3n, sin necesidad de una orden judicial previa. Adem\u00e1s, autoriza la identificaci\u00f3n de participantes, el registro de organizaciones y la posibilidad de incautar veh\u00edculos utilizados en las protestas, entre otras medidas que restringen derechos constitucionales y democr\u00e1ticos b\u00e1sicos.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia presentada ante la OIT resalta que estas acciones del Gobierno argentino contravienen normas internacionales del trabajo y van en contra de las recomendaciones de la OIT en materia de libertad sindical, derecho de huelga y manifestaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los sindicatos subrayan que la estrategia gubernamental parece buscar criminalizar la protesta social y desviarla hacia el \u00e1mbito penal, afectando los derechos fundamentales de expresi\u00f3n y manifestaci\u00f3n pac\u00edfica de los ciudadanos. Este enfoque restrictivo, seg\u00fan los sindicatos, va en contra de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Argentina y los pronunciamientos de \u00f3rganos internacionales de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n
Ante esta situaci\u00f3n, el movimiento sindical argentino solicita una intervenci\u00f3n urgente de la OIT para abordar estos hechos, considerados como una amenaza directa a los derechos laborales y a la libertad de expresi\u00f3n en el pa\u00eds. La denuncia ha sido remitida a la Comisi\u00f3n de Expertos en Aplicaci\u00f3n de Convenios y Recomendaciones de la OIT, para su pronta consideraci\u00f3n y acci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n