(Pablo Roma, Gremiales) – En un fallo hist\u00f3rico, la C\u00e1mara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha declarado la invalidez constitucional de la reforma laboral propuesta por el Gobierno a trav\u00e9s del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulaci\u00f3n econ\u00f3mica. La decisi\u00f3n, que ha dado lugar al amparo presentado por la Confederaci\u00f3n General del Trabajo (CGT), marca un hito en el debate sobre las medidas impulsadas por el Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
La resoluci\u00f3n judicial, emitida tras un profundo an\u00e1lisis de los argumentos presentados por ambas partes, rechaza la apelaci\u00f3n presentada por el Gobierno, respaldando as\u00ed la postura de la CGT. Los jueces a cargo del caso, Manuel P. Diez Selva, H\u00e9ctor Guisado y Mario Fera, fundamentaron su dictamen en la permanencia y estructuralidad de las modificaciones propuestas, argumentando que estas no responden a una situaci\u00f3n excepcional sino que alteran normas permanentes del Congreso Nacional.<\/p>\n\n\n\n
En su extenso fallo, los magistrados destacaron la vulnerabilidad de los trabajadores en relaci\u00f3n de dependencia, subrayando que los cambios introducidos en el T\u00edtulo IV del decreto en cuesti\u00f3n deben someterse a un debate espec\u00edfico y a una decisi\u00f3n por parte del Poder Legislativo. Adem\u00e1s, desestimaron la posibilidad de que el Decreto de Necesidad y Urgencia se utilice para introducir modificaciones permanentes o derogaciones de leyes del Congreso, a menos que exista una clara emergencia, la cual no se evidenci\u00f3 en el DNU analizado.<\/p>\n\n\n\n
El fallo tambi\u00e9n hace referencia a la controvertida “ley \u00f3mnibus” y destaca que el intendente de Pehuaj\u00f3 ha anunciado su intenci\u00f3n de declarar “persona no grata” a los diputados que respalden dicha ley y el DNU en cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La sentencia concluye con la declaraci\u00f3n de la invalidez constitucional del T\u00edtulo IV (art\u00edculos 53 a 97) del DNU 70\/2024, argumentando que va en contra del art\u00edculo 99, inciso 3\u00b0, de la Constituci\u00f3n Nacional. Adem\u00e1s, se ordena la inscripci\u00f3n de la acci\u00f3n en el Registro P\u00fablico de Procesos Colectivos y se impone al Estado Nacional las costas de ambas instancias. Asimismo, se regulan los honorarios de las representaciones letradas de ambas partes de acuerdo con la ley correspondiente.<\/p>\n\n\n\n
Este fallo no solo representa un triunfo para la CGT, sino que tambi\u00e9n plantea preguntas cruciales sobre el alcance y los l\u00edmites del uso de decretos de necesidad y urgencia en la legislaci\u00f3n laboral, marcando un precedente significativo en el sistema judicial argentino.<\/p>\n\n\n\n