(Pablo Roma, Congreso Nacional) – Ante el reciente pedido de libertad condicional solicitado por el sacerdote condenado por delitos sexuales, Julio C\u00e9sar Grassi, el diputado nacional de la Democracia Cristiana Juan Fernando Br\u00fcgge, , ha reavivado el debate sobre la necesidad de un seguimiento riguroso para quienes han sido condenados por delitos contra la integridad sexual. Br\u00fcgge anunci\u00f3 que insistir\u00e1 en la Comisi\u00f3n de Legislaci\u00f3n Penal de la C\u00e1mara de Diputados para que se trate su proyecto de ley, que busca introducir un r\u00e9gimen de control estricto para estos condenados cuando salen en libertad.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto de ley, del reconocido constitucionalista que ya se viene aplicando en la provincia de C\u00f3rdoba bajo la Ley 9680, establece la creaci\u00f3n de un programa de identificaci\u00f3n, seguimiento y control de delincuentes sexuales. Este r\u00e9gimen, que fue una iniciativa de Br\u00fcgge durante su mandato como legislador provincial, tiene como objetivo garantizar la seguridad p\u00fablica mediante un seguimiento continuo de aquellos que han cumplido condenas por delitos sexuales.
Entre los fundamentos del proyecto, el diputado cordob\u00e9s destac\u00f3 que “esta pena accesoria permite, por un lado, identificar r\u00e1pidamente el lugar de residencia de estas personas ante la posible comisi\u00f3n de un delito similar en la zona, y por otro, contribuye al autocontrol de los mismos frente a la posibilidad de reincidencia”.
El r\u00e9gimen propuesto por Br\u00fcgge incluye sanciones severas para aquellos que incumplan con la obligaci\u00f3n de informar su domicilio y presentarse peri\u00f3dicamente ante la autoridad competente. Espec\u00edficamente, se establece una pena de prisi\u00f3n de uno a tres a\u00f1os para quienes no constituyan o no comuniquen un cambio de domicilio, y de dos a cinco a\u00f1os para quienes no se presenten ante el tribunal o juez correspondiente cada treinta d\u00edas. Adem\u00e1s, en casos de reincidencia en el incumplimiento, las penas se incrementan en un tercio.
El parlamentario justifica la implementaci\u00f3n de estas medidas argumentando que “el alto grado de reincidencia de los delincuentes sexuales est\u00e1 cient\u00edficamente comprobado”. Br\u00fcgge cit\u00f3 estad\u00edsticas de pa\u00edses como Inglaterra, Canad\u00e1 y Estados Unidos, que muestran tasas de reincidencia de hasta el 65% en los dos o tres a\u00f1os posteriores a la obtenci\u00f3n de la libertad. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 un estudio del Centro Federal de Criminolog\u00eda de Alemania, que indica una tasa de reincidencia del 11% en el primer mes de libertad.
El programa implementado en C\u00f3rdoba desde 2009, que se basa en la ley provincial promovida por Br\u00fcgge, obliga a los condenados por delitos sexuales a informar sobre sus relaciones sociales y actividades laborales durante un per\u00edodo de cinco a\u00f1os. Este sistema ha sido respaldado por fallos del Tribunal Superior de Justicia de C\u00f3rdoba, que han confirmado su constitucionalidad y su alineaci\u00f3n con principios legales como la igualdad, razonabilidad y libertad.
Adem\u00e1s, subray\u00f3 que el seguimiento de estos delincuentes no es ilegal ni arbitrario, y que no constituye una discriminaci\u00f3n ni estigmatizaci\u00f3n. “El objetivo principal es lograr una convivencia arm\u00f3nica en la sociedad, limitando racionalmente ciertos derechos constitucionales en favor de la seguridad, la moral y la salud p\u00fablica”, afirm\u00f3 el diputado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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