Busca probar que el pa\u00eds manej\u00f3 el precio de los combustibles.<\/p>\n\n\n\n
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska<\/strong>, a cargo del caso por la estatizaci\u00f3n de la mayor\u00eda de las acciones de la petrolera YPF, orden\u00f3 a la Argentina entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas<\/strong> de una decena de funcionarios y ex funcionarios -incluidos Luis Caputo y Sergio Massa- para intentar probar que hayan manejado los precios de los combustibles.<\/p>\n\n\n\n La orden sali\u00f3 del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde ya se conden\u00f3 a la Argentina a pagar 16.100 millones de d\u00f3lares<\/strong> a los fondos Burford Capital y Eton Park<\/strong>, que compraron los derechos de litigio contra la expropiaci\u00f3n de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.<\/p>\n\n\n\n Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses (que ya se acumularon casi US$ 900 millones), buscan volver a incluir en el caso a YPF -sacada originalmente- y embargar sus activos.<\/p>\n\n\n\n El argumento de Burford es que YPF es “alter ego”<\/strong> del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad An\u00f3nima (SA) privada- opera como de los objetivos pol\u00edticos del gobierno de turno.<\/p>\n\n\n\n Por eso, la jueza Preska pidi\u00f3 las comunicaciones del actual ministro de Econom\u00eda y de su antecesor -ex candidato a presidente-, pero tambi\u00e9n del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense; y del ex secretario de Industria, Jos\u00e9 Ignacio de Mendiguren, en un hecho in\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n La medida se enmarca en el “discovery” autorizado en febrero para buscar informaci\u00f3n desde el 2020 a la fecha y probar que las entidades p\u00fablicas, como el Banco Central y el Banco Naci\u00f3n, son lo mismo que YPF, una sociedad an\u00f3nima que cotiza tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en Nueva York.<\/p>\n\n\n\n El objetivo es poder acceder a activos argentinos, como el oro que traslad\u00f3 Caputo al exterior.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la presentaci\u00f3n, la Argentina “se ha negado a recopilar y producir documentos relevantes que no est\u00e1n contenidos en cuentas de correo electr\u00f3nico mantenidas por el gobierno, incluyendo comunicaciones transmitidas a trav\u00e9s de cuentas de correo electr\u00f3nico personales o aplicaciones de mensajer\u00eda (como WhatsApp, Slack o Gmail)”.<\/p>\n\n\n\n Para los demandantes, “el descubrimiento de m\u00e9ritos demostr\u00f3 que los funcionarios del gobierno argentino se comunican ampliamente a trav\u00e9s de cuentas de correo electr\u00f3nico no gubernamentales en sus capacidades oficiales”.<\/p>\n\n\n\n Y si bien el Gobierno ofreci\u00f3 revisar s\u00f3lo las comunicaciones externas de funcionarios con empleados de YPF o del BCRA, los reclamantes consideran que “no son suficientes”.<\/p>\n\n\n\n El argumento es que las discusiones internas sobre YPF y el BCRA tambi\u00e9n son “esenciales” para establecer el control del gobierno sobre esas entidades.<\/p>\n\n\n\n Burford compr\u00f3 en Espa\u00f1a el derecho a litigar contra la petrolera, luego de que dos empresas del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi) con acciones en YPF fueran a la quiebra y renunciaran a hacerle juicio al Estado por la expropiaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Busca probar que el pa\u00eds manej\u00f3 el precio de los combustibles. 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