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La Secretar\u00eda de Transporte, bajo la gesti\u00f3n del Ministerio de Econom\u00eda, present\u00f3 esta semana una medida cautelar para garantizar el derecho de acceso gratuito al transporte de media y larga distancia a las personas con discapacidad, frente a los reiterados incumplimientos de empresas del sector.<\/p>\n\n\n\n La Comisi\u00f3n Nacional de Regulaci\u00f3n del Transporte (CNRT) impuls\u00f3 esta acci\u00f3n legal, en busca de una respuesta judicial que ordene a las empresas que respeten la normativa vigente y no limiten el acceso de las personas con certificado de discapacidad a estos servicios. El propio Gobierno hab\u00eda eliminado las normas que forzaban al sector a proveer estos servicios a principios de mes.<\/p>\n\n\n\n La decisi\u00f3n de recurrir a una medida judicial se suma a una serie de acciones sancionatorias realizadas recientemente por la CNRT en respuesta a quejas de usuarios y denuncias recibidas. Durante las \u00faltimas semanas, la CNRT llev\u00f3 adelante un proceso de multas e intimaciones a m\u00e1s de 44 empresas, debido a su negativa a brindar los pasajes gratuitos exigidos por la ley.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan informaron desde el organismo, estos incumplimientos est\u00e1n vinculados a la reciente desregulaci\u00f3n del transporte automotor de media y larga distancia, que algunos actores interpretaron como una liberaci\u00f3n de sus obligaciones hacia las personas con discapacidad.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con el secretario de Transporte, Franco Mogetta, la desregulaci\u00f3n permite a las empresas del sector ajustar su oferta en funci\u00f3n de la demanda, eligiendo libremente rutas, tarifas y horarios. Sin embargo, Mogetta subray\u00f3 en sus redes sociales que esta medida \u201cno libera a las compa\u00f1\u00edas de su responsabilidad de cumplir con el sistema de protecci\u00f3n para personas con discapacidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n Al respecto, el secretario enfatiz\u00f3 que la CNRT mantendr\u00e1 controles estrictos y sancionar\u00e1 a quienes incumplan la normativa que garantiza el acceso sin costo a los pasajeros con certificado de discapacidad.<\/p>\n\n\n\n La desregulaci\u00f3n del transporte interjurisdiccional de pasajeros, establecida a trav\u00e9s del Decreto 883\/23, introdujo una serie de cambios significativos en la operatividad del sector. Esta medida permiti\u00f3 que las empresas definan por s\u00ed mismas las condiciones de prestaci\u00f3n, eliminando la clasificaci\u00f3n de los servicios en p\u00fablico, tr\u00e1fico libre, ejecutivo y tur\u00edstico. Adem\u00e1s, las empresas ya no est\u00e1n obligadas a realizar sus paradas en las terminales, un cambio que implica una reducci\u00f3n de los costos de operaci\u00f3n asociados al \u201ctoque de d\u00e1rsena\u201d que se abonaba en estas estaciones.<\/p>\n\n\n\n El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, transfiri\u00f3 todas las operaciones de transporte interjurisdiccional de pasajeros a un modelo de competencia sin restricciones de entrada para nuevos actores. Con este cambio, la licencia que habilita a realizar transporte interjurisdiccional en el pa\u00eds dejar\u00e1 de ser obligatoria en los pr\u00f3ximos meses, y se habilitar\u00e1n operaciones tras una notificaci\u00f3n de cinco d\u00edas a trav\u00e9s de una plataforma digital. Tambi\u00e9n se elimin\u00f3 el l\u00edmite de 10 a\u00f1os en la vigencia de los permisos, un aspecto que flexibiliza a\u00fan m\u00e1s la entrada y salida del mercado para nuevas empresas.<\/p>\n\n\n\n Desde la C\u00e1mara Empresaria de Larga Distancia (CELADI), los representantes del sector mostraron su rechazo a la reciente avalancha de sanciones y multas, argumentando que las empresas ya no cuentan con subsidios estatales y enfrentan una creciente presi\u00f3n financiera. Seg\u00fan voceros de CELADI, la gratuidad para personas con discapacidad afecta especialmente a los operadores m\u00e1s peque\u00f1os, quienes alegan desigualdad de condiciones frente a los nuevos actores que pueden prestar el servicio sin asumir las mismas responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n CELADI sostiene que el costo econ\u00f3mico de brindar pasajes gratuitos representa una carga desproporcionada sin el respaldo de subsidios estatales, que anteriormente compensaban parcialmente este tipo de servicios. Argumentan que el cumplimiento de la normativa en el contexto de desregulaci\u00f3n impone una competencia desigual entre las empresas, dado que los nuevos operadores pueden evadir estas obligaciones y aun as\u00ed ofrecer los mismos servicios. Seg\u00fan el vocero Gustavo Gaona, CELADI solicit\u00f3 una reglamentaci\u00f3n que establezca \u201cigualdad de condiciones\u201d para todos los actores del sector, instando al Estado a asumir un rol de mediador en la cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, la Secretar\u00eda de Transporte considera que la medida cautelar es necesaria para reafirmar la vigencia de los derechos adquiridos y evitar el abuso por parte de las empresas, que en varios casos han interpretado la nueva normativa como un desligamiento de sus obligaciones hacia el sistema de protecci\u00f3n integral para personas con discapacidad. Los voceros de la Secretar\u00eda aclararon que el gobierno \u201ccontinuar\u00e1 con las sanciones a aquellos que no respeten el acceso gratuito al transporte para quienes tengan su certificado de discapacidad en regla\u201d. La acci\u00f3n legal impulsada busca que la Justicia ordene a CELADI y sus empresas asociadas a \u201ccumplir con sus obligaciones en el marco del sistema de protecci\u00f3n\u201d, aseguraron desde la CNRT.<\/p>\n\n\n\n Este conflicto entre el sector empresarial y el gobierno surge a partir de la liberalizaci\u00f3n del transporte automotor, que adem\u00e1s de flexibilizar la estructura tarifaria y los permisos de operaci\u00f3n, elimin\u00f3 las bandas tarifarias y liber\u00f3 a las empresas de la pol\u00edtica de devoluci\u00f3n de pasajes ante cancelaciones. Esto ha generado una reconfiguraci\u00f3n del sistema de transporte, modificando las obligaciones de servicio p\u00fablico que estaban en vigor previamente.<\/p>\n\n\n\n El representante de CELADI advirti\u00f3 que, de no establecerse un acuerdo con el gobierno, las empresas del sector podr\u00edan iniciar acciones legales. Adem\u00e1s, mencion\u00f3 que ya se realizaron pedidos para que se conforme una mesa de trabajo junto al gobierno, con el fin de discutir las normas de implementaci\u00f3n de la nueva regulaci\u00f3n. CELADI tambi\u00e9n solicit\u00f3 una reuni\u00f3n para aclarar los detalles pendientes sobre c\u00f3mo se llevar\u00e1 adelante el control de los servicios, dado que, seg\u00fan el nuevo decreto, los transportistas ya no estar\u00e1n obligados a pasar por las terminales. Esto deja dudas en torno a los mecanismos de control que el gobierno podr\u00eda utilizar para supervisar el cumplimiento de la normativa en todo el territorio.<\/p>\n\n\n\n Desde la Secretar\u00eda de Transporte explicaron que el control de los requisitos de seguridad seguir\u00e1 en manos de las jurisdicciones locales, quienes estar\u00e1n autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para realizar las inspecciones y ex\u00e1menes correspondientes. En cuanto a las licencias, las autoridades indicaron que el registro de transportistas ser\u00e1 p\u00fablico y en l\u00ednea, facilitando a los nuevos actores la entrada al mercado y la asignaci\u00f3n de recorridos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Secretar\u00eda de Transporte, a trav\u00e9s de la CNRT, lleva a la Justicia una solicitud para asegurar el derecho de viaje sin costo a personas con discapacidad. 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La Secretar\u00eda de Transporte, a trav\u00e9s de la CNRT, lleva a la Justicia una solicitud para asegurar el derecho de viaje sin costo a personas con discapacidad. Las empresas hab\u00edan dejado de permitir el uso gratuito tras la desregulaci\u00f3n del sector por parte del propio Gobierno.<\/strong><\/p>\n\n\n\n