El fallo abarca a todos los titulares afectados y obliga a ANDIS a revertir las suspensiones realizadas sin procedimiento regular ni notificaci\u00f3n adecuada.<\/p>\n\n\n\n
El Juzgado Federal N.\u00ba 2 de Catamarca hizo lugar a una acci\u00f3n de amparo colectivo promovida por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones no contributivas y el Defensor del Pueblo provincial, y orden\u00f3 a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer todas las pensiones suspendidas sin acto administrativo previo. La medida se extiende a todo el pa\u00eds, seg\u00fan explicaron fuentes judiciales.<\/p>\n\n\n\n
La demanda cuestionaba la implementaci\u00f3n de auditor\u00edas m\u00e9dicas dispuestas a partir del edicto 19.437\/25 y denunciaba que, desde julio, una gran cantidad de titulares tom\u00f3 conocimiento de la baja de sus beneficios al constatar la falta de pago o recibir notificaciones defectuosas, redactadas en un lenguaje t\u00e9cnico y sin permitir el ejercicio adecuado del derecho de defensa.
ANDIS sostuvo que actu\u00f3 en ejercicio de las facultades otorgadas por los decretos 698\/2017 y 843\/2024, que las auditor\u00edas fueron correctamente notificadas y que las suspensiones se fundaron en la falta de acreditaci\u00f3n de los requisitos m\u00e9dicos.<\/p>\n\n\n\n
El Tribunal advirti\u00f3 que la propia demandada no acredit\u00f3 la existencia de actos administrativos individuales que dispusieran las bajas, lo que configur\u00f3 una v\u00eda de hecho administrativa: un obrar material carente de sustento jur\u00eddico que produjo la interrupci\u00f3n de prestaciones esenciales para un colectivo especialmente vulnerable.
El juez destac\u00f3 que las pensiones no contributivas integran la propiedad de sus titulares y s\u00f3lo pueden ser suspendidas mediante un procedimiento regular que respete el debido proceso, la defensa en juicio y la obligaci\u00f3n estatal de motivar de modo suficiente sus decisiones, m\u00e1s a\u00fan cuando se afecta la salud y la subsistencia de las personas con discapacidad.<\/p>\n\n\n\n
Tras caracterizar la pretensi\u00f3n como colectiva conforme a la doctrina “Halabi”, el Tribunal consider\u00f3 acreditada una causa f\u00e1ctica homog\u00e9nea: la suspensi\u00f3n masiva e injustificada de pensiones bajo un mismo esquema operativo. Ello justific\u00f3 la legitimaci\u00f3n extraordinaria de las asociaciones actoras y el dictado de un pronunciamiento \u00fanico con efectos expansivos para todos los titulares afectados.<\/p>\n\n\n\n
En cuanto al cuestionamiento de constitucionalidad del Decreto 843\/24, que hab\u00eda reinstalado criterios restrictivos para el acceso a las pensiones, el juez entendi\u00f3 que la reciente sanci\u00f3n de la Ley 27.793, que reform\u00f3 integralmente el r\u00e9gimen y derog\u00f3 en los hechos las exigencias impugnadas, torn\u00f3 abstracto ese planteo.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, el Tribunal orden\u00f3 a ANDIS restablecer de inmediato todas las pensiones suspendidas o retenidas con fundamento en el decreto cuestionado y sin acto administrativo previo, disponer el pago de los haberes adeudados en el plazo de 24 horas, y tener por cumplida esa obligaci\u00f3n respecto de quienes ya los hubieran percibido en virtud de la cautelar vigente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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