El\u00a0Gobierno\u00a0trabaja en un\u00a0decreto\u00a0para reasignar partidas presupuestarias para las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario<\/strong>. El Ejecutivo asegura que los aumentos se ajustar\u00e1n al d\u00e9ficit cero y que los implementar\u00e1 de acuerdo a su interpretaci\u00f3n del alcance de las normas.<\/p>\n\n\n\n \u201cEstamos analizando opciones. No vamos a desfinanciar un sector en particular<\/strong>\u201d, agregan. En la Casa Rosada rechazan la posibilidad de que el recorte de recursos se enfoque solo en las asignaciones a las provincias. Se trata de una de las respuestas que fij\u00f3 la mesa pol\u00edtica del oficialismo tras la ca\u00edda del cap\u00edtulo XI del Presupuesto 2026.<\/p>\n\n\n\n La iniciativa la trabajan los equipos t\u00e9cnicos del jefe de gabinete, Manuel Adorni<\/strong>, que tiene en carpeta la utilizaci\u00f3n de las facultades de reasignaci\u00f3n presupuestaria para redistribuir fondos. En Naci\u00f3n no descartan la emisi\u00f3n de un decreto administrativo de ejecuci\u00f3n mensual, que permita ajustar los cr\u00e9ditos a medida que se actualicen las cuentas de referencia, la recaudaci\u00f3n y las metas fiscales.<\/p>\n\n\n\n En Balcarce 50 insisten igualmente en que intentar\u00e1n avanzar con la derogaci\u00f3n de ambas leyes en el corto plazo<\/strong> para no tener que completar a lo largo del a\u00f1o el incremento del gasto a sus asignaciones. \u201cLos aumentos los vamos a hacer a nuestro gusto, como hicieron todos los gobiernos\u201d, agregan.<\/p>\n\n\n\n La Ley de Financiamiento Universitario estableci\u00f3 una actualizaci\u00f3n de los gastos de funcionamiento por IPC<\/strong> junto con una recomposici\u00f3n de los salarios docentes y no docentes. Seg\u00fan el informe de impacto fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la norma implica un costo estimado de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI, entre gastos operativos y salariales.<\/p>\n\n\n\n La Ley de Discapacidad declar\u00f3 la emergencia nacional y ampli\u00f3 prestaciones y beneficiarios<\/strong>. Seg\u00fan distintos escenarios de incorporaci\u00f3n de beneficiarios a la Pensi\u00f3n No Contributiva y a las prestaciones de salud, se estima un impacto del 0,42% del PBI. En la Casa Rosada advierten que el texto \u201cno define con precisi\u00f3n los universos\u201d.<\/p>\n\n\n\n El Gobierno trabaj\u00f3 la semana pasada sobre una contrapropuesta por ambas leyes, que cuentan con una serie de cambios. Para universidades, promueve la actualizaci\u00f3n autom\u00e1tica por un esquema acotado: 20% de aumento<\/strong> en gastos de funcionamiento respecto de 2025 y actualizaci\u00f3n salarial escalonada con un 5% desde diciembre de 2025 y luego cuatro subas mensuales del 2% entre enero y abril de 2026.<\/p>\n\n\n\n En Discapacidad, mantiene la declaraci\u00f3n de emergencia, pero plantea que la prestaci\u00f3n quede atada a par\u00e1metros previsionales<\/strong>: fija la pensi\u00f3n en 70% del haber m\u00ednimo jubilatorio y habilita su compatibilidad con trabajo formal si los ingresos no superan dos salarios m\u00ednimos. Contempla adem\u00e1s una compensaci\u00f3n retroactiva para prestadores y propone un ajuste trimestral de aranceles a cargo de Salud y ANDIS, con cl\u00e1usula de referencia al IPC si no hay definici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Ejecutivo asegura que los aumentos se ajustar\u00e1n al d\u00e9ficit cero y que el dinero no saldr\u00e1 de las asignaciones a las provincias. 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