Dentro del debate legisladores por C\u00f3rdoba Juan Fernando Br\u00fcgge(Democracia Cristiana), Garc\u00eda Aresca y Alejandra Torres (peronistas) que integran el Bloque Provincias Unidas plantearon una postura diferenciada sobre la ley penal juvenil. Respaldan la modificaci\u00f3n del r\u00e9gimen, pero reclaman una aplicaci\u00f3n progresiva de las penas, mayor asignaci\u00f3n presupuestaria y un enfoque que interpela a la sociedad por el abandono hist\u00f3rico de ni\u00f1os y adolescentes atravesados por la desigualdad y el narcotr\u00e1fico
En la antesala de una sesi\u00f3n que promete tensi\u00f3n pol\u00edtica y fuerte discusi\u00f3n ideol\u00f3gica, un grupo de diputados cordobeses present\u00f3 un dictamen en disidencia parcial respecto del proyecto de R\u00e9gimen Penal Juvenil que se tratar\u00e1 ma\u00f1ana en la C\u00e1mara baja y que prev\u00e9 la baja de la edad de imputabilidad a los 14 a\u00f1os.
Lejos de un rechazo frontal, la posici\u00f3n cordobesa acompa\u00f1a el esp\u00edritu general de la reforma, pero introduce cambios sustanciales que ponen el acento en la gradualidad de las sanciones, la proporcionalidad de las penas y la responsabilidad estructural del Estado y la sociedad frente a una problem\u00e1tica que lleva d\u00e9cadas gest\u00e1ndose.
El punto central de la disidencia propone establecer un esquema escalonado de penas seg\u00fan la edad del menor. As\u00ed, plantea que los adolescentes de 14 a\u00f1os tengan una reducci\u00f3n de la escala penal a la mitad; los de 15 a\u00f1os, una reducci\u00f3n de un tercio; mientras que para los j\u00f3venes de 16 y 17 a\u00f1os se aplique la escala completa, con un tope m\u00e1ximo de 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n, tal como prev\u00e9 el despacho mayoritario.
Los legisladores fundamentan esta diferenciaci\u00f3n en criterios de progresividad, madurez ps\u00edquica y proporcionalidad, adem\u00e1s de apoyarse en datos sobre la incidencia delictiva por franjas etarias. La idea, sostienen, es que la respuesta penal no sea uniforme sino ajustada a la edad y al grado de desarrollo del adolescente, evitando soluciones autom\u00e1ticas.
En el informe presentado ante la C\u00e1mara, remarcan el concepto de \u201csegunda oportunidad\u201d como eje del r\u00e9gimen juvenil. No s\u00f3lo en t\u00e9rminos de programas de reinserci\u00f3n, capacitaci\u00f3n laboral o acceso a la educaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n en la posibilidad de que los j\u00f3venes puedan, cumplida la condena y transcurrido un plazo razonable, borrar sus antecedentes penales.
En ese sentido, proponen modificar el art\u00edculo 51 del C\u00f3digo Penal para reducir significativamente el tiempo de registro de las condenas cuando se trate de menores de entre 14 y 18 a\u00f1os. La caducidad de los antecedentes ser\u00eda de tres a\u00f1os para penas privativas de la libertad y de un a\u00f1o para multas o inhabilitaciones, con el objetivo de evitar la estigmatizaci\u00f3n y facilitar la reinserci\u00f3n social y laboral.
Pero la disidencia no se limita al plano punitivo. Otro de los ejes centrales es el presupuestario. Los diputados reclaman que la implementaci\u00f3n del nuevo r\u00e9gimen est\u00e9 acompa\u00f1ada por una asignaci\u00f3n clara de recursos y por una reasignaci\u00f3n de partidas que contemple la cantidad de habitantes de cada jurisdicci\u00f3n.
Apelan, para ello, a la Constituci\u00f3n Nacional y a la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, subrayando que el volumen del presupuesto destinado a la ni\u00f1ez es un indicador concreto del compromiso del Estado con sus derechos. Advierten que no puede trasladarse la carga financiera exclusivamente a las provincias, muchas de las cuales ya enfrentan fuertes limitaciones fiscales.
El planteo introduce adem\u00e1s una reflexi\u00f3n m\u00e1s profunda: la discusi\u00f3n sobre la baja de la edad de imputabilidad no puede desentenderse del contexto social en el que crecieron miles de adolescentes. Los legisladores se\u00f1alan que buena parte de los j\u00f3venes alcanzados por el sistema penal provienen de entornos marcados por la pobreza estructural, la exclusi\u00f3n educativa y la expansi\u00f3n del narcotr\u00e1fico.
En ese marco, llaman a una mirada que trascienda la reacci\u00f3n inmediata frente al delito y que asuma la responsabilidad colectiva por a\u00f1os de pol\u00edticas insuficientes en materia de contenci\u00f3n, prevenci\u00f3n y oportunidades reales de desarrollo.
La sesi\u00f3n de ma\u00f1ana definir\u00e1 si prevalece el dictamen de mayor\u00eda o si las modificaciones propuestas logran sumar adhesiones. En cualquier caso, el debate promete ir m\u00e1s all\u00e1 de la edad de imputabilidad y abrir una discusi\u00f3n de fondo sobre qu\u00e9 modelo de sociedad se construye cuando el Estado llega tarde y la respuesta penal aparece como \u00faltimo recurso frente a fracturas que se incubaron durante d\u00e9cadas.<\/p>\n\n\n\n
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