Se trata de una resoluci\u00f3n del juez federal, Mart\u00edn Cormick<\/strong>, que hizo lugar a los amparos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN<\/strong>) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA<\/strong>).<\/p>\n\n\n\n En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N\u00b011<\/strong> invalid\u00f3 la cl\u00e1usula del decreto 759\/2025 que supeditaba la ejecuci\u00f3n de la ley a la definici\u00f3n de los recursos presupuestarios. La declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad alcanza la expresi\u00f3n \u201csin perjuicio de lo dispuesto por el art\u00edculo 5\u00b0 de la Ley N\u00b024.629\u201d.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el \u201ccumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario\u201d<\/strong>. Se trata de una sentencia de primera instancia<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n El Gobierno hab\u00eda utilizado esa disposici\u00f3n para promulgar la norma, despu\u00e9s de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicaci\u00f3n<\/strong>. Su argumento era que los legisladores deb\u00edan establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.<\/p>\n\n\n\n Cormick consider\u00f3 que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo constitu\u00eda un \u201cmecanismo extraconstitucional\u201d<\/strong> para bloquear la ejecuci\u00f3n de una ley que hab\u00eda sido ratificada por ambas c\u00e1maras.<\/p>\n\n\n\n En sus fundamentos, se\u00f1al\u00f3 que el art\u00edculo 9 de la Ley 27.795 ya contempla herramientas para financiar las medidas<\/strong>. Ese apartado dispone la adecuaci\u00f3n de partidas presupuestarias y permite utilizar los ingresos corrientes que se recauden por encima de lo previsto en el presupuesto, sin afectar la coparticipaci\u00f3n<\/strong> de las provincias ni los aportes del Tesoro Nacional.<\/p>\n\n\n\n El magistrado tambi\u00e9n mencion\u00f3 una estimaci\u00f3n de la Oficina de Presupuesto del Congreso, seg\u00fan la cual el costo de la norma para 2025 representaba el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La disputa comenz\u00f3 despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de la ley, en agosto de 2025<\/strong>. Milei la vet\u00f3, pero Diputados y el Senado reunieron los votos necesarios<\/strong> para insistir con la sanci\u00f3n. En octubre de ese a\u00f1o, el Ejecutivo la promulg\u00f3 mediante el decreto que ahora fue cuestionado por la Justicia, con la condici\u00f3n presupuestaria que imped\u00eda su ejecuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick hab\u00eda dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles<\/strong>. Esa medida alcanza los art\u00edculos 5 y 6 de la ley.<\/p>\n\n\n\n El 30 de septiembre, el juez volvi\u00f3 a darle al Gobierno cinco d\u00edas para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones econ\u00f3micas<\/strong>. Si bien reconoci\u00f3 que el Ejecutivo hab\u00eda presentado documentaci\u00f3n sobre paritarias y \u00f3rdenes de pago, consider\u00f3 que solo hab\u00eda acreditado un cumplimiento parcial<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La Casa Rosada hab\u00eda pedido que se revocara la intimaci\u00f3n y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentaci\u00f3n, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8%<\/strong> y superaban la inflaci\u00f3n<\/strong> del per\u00edodo que tom\u00f3 como referencia. Tambi\u00e9n inform\u00f3 nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.<\/p>\n\n\n\n Cormick cuestion\u00f3 ese c\u00e1lculo y se\u00f1al\u00f3 que no estaba acreditada la actualizaci\u00f3n conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, tambi\u00e9n rechaz\u00f3 la interpretaci\u00f3n oficial<\/strong> que limitaba el alcance de la obligaci\u00f3n al programa Manuel Belgrano.<\/p>\n\n\n\n La cautelar hab\u00eda sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la C\u00e1mara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, qued\u00f3 firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema<\/strong>. Esa decisi\u00f3n se refer\u00eda a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras segu\u00eda pendiente la discusi\u00f3n de fondo.<\/p>\n\n\n\n La Ley de Financiamiento Universitario<\/strong> establece mecanismos de recomposici\u00f3n de los gastos de funcionamiento de las universidades p\u00fablicas y de los ingresos de sus trabajadores. Tambi\u00e9n dispone la incorporaci\u00f3n de sumas no remunerativas y no bonificables a los salarios b\u00e1sicos y la actualizaci\u00f3n de los programas de becas seg\u00fan la inflaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, prev\u00e9 recursos <\/strong>para investigaci\u00f3n, infraestructura, equipamiento, tecnolog\u00eda y extensi\u00f3n universitaria, con el objetivo de sostener el acceso, la permanencia y la graduaci\u00f3n de los estudiantes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El juez Mart\u00edn Cormick hizo lugar a las presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional y de la UBA. 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