La doctora Silvina Racigh, jueza de Familia, Ni\u00f1ez y Adolescencia N\u00b01 de Goya, consider\u00f3 “radicalmente positivos” los cambios en el modo de pensar y actuar de un joven al que le impuso la pena de 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n en suspenso y cumple adem\u00e1s reglas de conducta. Se cumple el objetivo de resocializar y reinsertarlo a la sociedad, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n
Lograr el balance entre la imposici\u00f3n de una pena y su proporcionalidad en j\u00f3venes en conflicto con la ley penal es una de las tareas de los magistrados del fuero de Familia, Ni\u00f1ez y Adolescencia. La jueza Silvina Racigh intervino en una causa en la que un joven fue hallado penalmente responsable por el Tribunal Oral Penal de Goya de homicidio calificado en concurso premeditado de 2 o m\u00e1s personas en grado de tentativa.<\/p>\n\n\n\n
La disyuntiva, indic\u00f3, estaba en encontrar el punto justo entre los extremos: absolver al joven luego de la realizaci\u00f3n de hechos punibles graves -con consecuencias irreversibles f\u00edsicas y ps\u00edquicas en la v\u00edctima- o condenarlo con penas altas con un m\u00ednimo de 5 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, esa \u00faltima opci\u00f3n era claramente opuesta al mandato constitucional de propender a su reintegraci\u00f3n y el desempe\u00f1o de una funci\u00f3n constructiva en la sociedad. Entendi\u00f3 que no imponer una pena conllevaba el “peor de los mensajes a los j\u00f3venes”, el de no prever las consecuencias de sus actos, no responder luego de haber provocado da\u00f1os irreversibles en franca vulneraci\u00f3n de los derechos de otras personas.<\/p>\n\n\n\n
No obstante, la pena deb\u00eda estar acorde a las normativas y la prisi\u00f3n en suspenso era la m\u00e1s justa para el caso, ya que imponer una sanci\u00f3n marcaba el l\u00edmite entre lo que se pod\u00eda o no hacer. “En una sociedad existen normas de conducta obligatorias, la infracci\u00f3n a esas reglas, comunes para todos, amenaza su orden y seguridad, en este caso es indispensable la aplicaci\u00f3n de medidas que sirvan de ejemplo y desalienten hechos delictivos como este, y a su vez tampoco desatiende la reinserci\u00f3n social lograda por el joven”.<\/p>\n\n\n\n
Los estudios psicol\u00f3gicos concluyen: “El hecho de estar privado de libertad produce un estado de privaci\u00f3n sensorial y de las funciones sociales tales como la laboral y la familiar (incluida la patria potestad). (\u2026) condiciona la regresi\u00f3n y provoca un reforzamiento a nivel de la agresividad y la autoagresividad\u2026 Es especialmente destacable el estado mental que resulta de esta cotidianeidad, marcada por una rutina planificada hasta en los m\u00ednimos detalles que provoca, en algunos casos, una imagen de mundo que dificulta la posterior vida en sociedad, pues muchas veces los internos no conciben otra forma de existencia que no sea la del encierro, favoreciendo, como ya se dijo, actitudes regresivas e infantiles que lejos est\u00e1n de la finalidad establecida por la legislaci\u00f3n de resocializar y reinsertar\u2026”<\/p>\n\n\n\n
La pena de 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n de ejecuci\u00f3n condicional fue acompa\u00f1ada entonces por reglas de conducta, esto es, normas que el condenado debe cumplir y acreditar ante el Juzgado. Junto a un equipo Interdisciplinario observ\u00f3 los cambios vivenciados como “altamente positivos”. Cit\u00f3 entre ellos: termin\u00f3 la secundaria, consigui\u00f3 un trabajo estable, conform\u00f3 una familia, tiene dos hijos, de los vecinos se obtienen sobre \u00e9l los mejores comentarios.<\/p>\n\n\n\n
Por lo tanto, consider\u00f3 si la ley autorizaba a absolver a un adolescente aun encontr\u00e1ndolo previamente culpable, con mayor raz\u00f3n podr\u00eda aplicarse una pena por debajo del m\u00ednimo legal establecido en el art\u00edculo 4 de la ley 22078, pues “quien puede lo m\u00e1s, puede lo menos”.<\/p>\n\n\n\n
Evalu\u00f3 que el castigo establecido estaba acorde a la premisa del lapso “m\u00e1s breve posible”, al mismo tiempo que el hecho no quedara impune.<\/p>\n\n\n\n
En relaci\u00f3n al resarcimiento civil, la querella desisti\u00f3 de la acci\u00f3n civil oportunamente instaurada en relaci\u00f3n a los co-imputados, mayores de edad al momento del hecho. Y en cambio solicit\u00f3 un resarcimiento para su representado por parte del adolescente condenado. La petici\u00f3n \u2013 adem\u00e1s de llamativa era impropia puesto que “En el proceso penal de menores no rigen las reglas sobre la acci\u00f3n civil, la que deber\u00e1 ser intentada en la jurisdicci\u00f3n respectiva”.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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