Seg\u00fan el informe, se reportaron\u00a0\u201cserios problemas con la independencia del poder judicial y una grave corrupci\u00f3n gubernamental\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n El documento de car\u00e1cter anual se\u00f1al\u00f3 que \u201cla ley establece sanciones penales por corrupci\u00f3n de funcionarios, pero el gobierno no implement\u00f3 la ley de manera efectiva\u201d. Adem\u00e1s, \u201chubo numerosos informes de corrupci\u00f3n gubernamental durante el a\u00f1o. Instituciones d\u00e9biles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado<\/strong> socavaron los intentos sistem\u00e1ticos de frenar la corrupci\u00f3n\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En su cap\u00edtulo sobre Corrupci\u00f3n y Falta de Transparencia en el Gobierno, el informe se\u00f1al\u00f3 que \u201cen septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupci\u00f3n contra figuras pol\u00edticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cFern\u00e1ndez de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras p\u00fablicas entre 2008 y 2015 cuando Fern\u00e1ndez de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupci\u00f3n en obras p\u00fablicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fern\u00e1ndez de Kirchner y la condenara a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n y le impusiera una inhabilitaci\u00f3n de por vida para desempe\u00f1ar cargos p\u00fablicos. Fern\u00e1ndez de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupci\u00f3n financiera\u201d, detall\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el reporte omite la condena de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n que recibi\u00f3 la expresidenta por la causa Vialidad en diciembre pasado.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, el informe afirm\u00f3: \u201cCon base en una investigaci\u00f3n anterior, en julio, las autoridades acusaron al juez federal Walter Bento de lavado de dinero y de recibir sobornos a cambio de que Bento brindara beneficios a las personas que fueron acusadas y detenidas en casos penales. Los dos hijos de Bento tambi\u00e9n fueron acusados de lavado y recepci\u00f3n de sobornos. El 3 de octubre, los fiscales solicitaron un juicio para Bento y los coacusados\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa corrupci\u00f3n y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos m\u00e1s frecuentes incluyeron la extorsi\u00f3n y la protecci\u00f3n de los involucrados en el tr\u00e1fico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostituci\u00f3n. Las denuncias de corrupci\u00f3n en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes\u201d, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En su resumen ejecutivo, el departamento de Estado se\u00f1al\u00f3 que \u201clas cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de ejecuciones il\u00edcitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupci\u00f3n gubernamental\u201d<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl gobierno tom\u00f3 medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupci\u00f3n\u201d, enfatiz\u00f3.<\/p>\n\n\n\n El informe detall\u00f3 que \u201cla impunidad sigui\u00f3 siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles. La corrupci\u00f3n y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos\u201d<\/strong>, indic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, dijo que \u201cen general, el gobierno denunci\u00f3 los abusos denunciados y se esforz\u00f3 por capacitar a las fuerzas militares y policiales en todos los niveles sobre derechos humanos, incluso a trav\u00e9s de capacitaci\u00f3n en l\u00ednea durante la pandemia de COVID-19\u2033.<\/p>\n\n\n\n En otro punto del informe, se\u00f1al\u00f3 que ONG nacionales denunciaron que \u201clos jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales en ocasiones fueron objeto de manipulaci\u00f3n pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n indic\u00f3 que las \u201clargas demoras, atascos procesales, largas brechas en el nombramiento de jueces permanentes, apoyo administrativo inadecuado e ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discrecionalidad de los jueces sobre si continuar con las investigaciones y c\u00f3mo hacerlo contribuy\u00f3 a la percepci\u00f3n p\u00fablica de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por otra parte, el reporte destac\u00f3 la existencia de una plena libertad de expresi\u00f3n en el pa\u00eds. \u201cLa constituci\u00f3n establece la libertad de expresi\u00f3n, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, y el gobierno en general respet\u00f3 este derecho. Medios de comunicaci\u00f3n independientes, un poder judicial eficaz y un sistema pol\u00edtico democr\u00e1tico en funcionamiento se combinaron para promover la libertad de expresi\u00f3n, incluso para los miembros de los medios de comunicaci\u00f3n\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n\n\n\n No obstante, destac\u00f3 denuncias de hostigamiento contra periodistas, as\u00ed como agresiones f\u00edsicas y amenazas. En ese punto, record\u00f3 que FOPEA cit\u00f3 tres casos de hostigamiento judicial a periodistas, entre ellos juicios contra Irene Benito (La Gaceta)<\/em> , Daniel Santoro (Clar\u00edn<\/em>) y Daniel Enz (Revista An\u00e1lisis<\/em>). En todos estos casos, FOPEA argument\u00f3 que figuras pol\u00edticas utilizaron el sistema legal para silenciar a estos periodistas\u201d, afirm\u00f3.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El reporte se\u00f1ala que si bien se establecen \u201csanciones penales\u201d contra abusos de poder por parte de funcionarios, la gesti\u00f3n nacional actual \u201cno implement\u00f3 la ley de manera efectiva\u201d. 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