El gobierno argentino ya avis\u00f3 que apelar\u00e1 la sentencia de la jueza Loretta Preska, de Nueva York, lo que le permitir\u00eda ganar tiempo.<\/p>\n\n\n\n
El fondo buitre Burford, que espera cobrar US$ 16.099 millones tras haber ganado el juicio por la expropiaci\u00f3n de YPF, le pidi\u00f3 a la justicia estadounidense autorizaci\u00f3n para solicitar embargos sobre bienes argentinos, porque considera que el pa\u00eds “no demuestra voluntad de pago”.<\/strong><\/p>\n\n\n\n “Le pedimos a su se\u00f1or\u00eda que establezca que 30 d\u00edas es un per\u00edodo de tiempo razonable, despu\u00e9s de la emisi\u00f3n del fallo del 15 de septiembre, para iniciar los procedimientos de embargo y ejecuci\u00f3n del fallo a partir del 16 de octubre”, solicitaron los abogados de Burford ante el juzgado neoyorquino de Loretta Preska.<\/p>\n\n\n\n El gobierno argentino ya avis\u00f3 que apelar\u00e1 la sentencia de la jueza Preska, lo que le permitir\u00eda ganar tiempo.<\/p>\n\n\n\n El reclamo se basa en que el Estado argentino, cuando tom\u00f3 el control de la compa\u00f1\u00eda en 2012 -durante el gobierno de Cristina Kirchner-, debi\u00f3 lanzar una oferta p\u00fablica de acciones para los tenedores minoristas de la empresa, pero no lo hizo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Dos sociedades de Petersen (Familia Eskenazi), despojadas del 25% de sus acciones, transfirieron el derecho a iniciar juicio por ese reclamo al fondo Burford, en una operaci\u00f3n que es cuestionada por distintos sectores de la pol\u00edtica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n En cambio, la Argentina deber\u00eda haber lanzado una oferta p\u00fablica de acciones, seg\u00fan lo establecido en el estatuto de la empresa.<\/p>\n\n\n\n La Argentina enfrenta ahora el riesgo de embargos contra sus activos, en una causa que hacer recordar lo ocurrido cuando fondos buitres pidieron el embargo de la Fragata Libertad en un puerto internacional.<\/p>\n\n\n\n Fue cuando los fondos de inversi\u00f3n ganaron otro juicio contra la Argentina por los derechos de los acreedores de bonos que no hab\u00edan entrado en el canje de deuda soberana (holdouts).<\/p>\n\n\n\n Las leyes estadounidenses disponen que no se pueden realizar embargos o ejecuciones de bienes hasta que el tribunal ordene ese embargo o ejecuci\u00f3n, es decir, tras un per\u00edodo de tiempo “razonable”, desde la emisi\u00f3n del fallo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los abogados de Burford solicitaron que ese plazo sea de un mes desde la emisi\u00f3n del fallo.<\/p>\n\n\n\n “El estatuto no proporciona orientaci\u00f3n adicional sobre el procedimiento, o el momento en que el tribunal debe determinar lo que constituye un per\u00edodo de tiempo razonable”, seg\u00fan explican los abogados de Burford.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Argumentaron que la “pr\u00e1ctica pasada, y actual, de Argentina en cuanto a eludir fallos judiciales emitidos en Estados Unidos, como en jurisdicciones extranjeras, as\u00ed como las recientes declaraciones p\u00fablicas de sus m\u00e1s altos funcionarios, demuestran que no tiene intenci\u00f3n de cumplir el fallo”.<\/p>\n\n\n\n Y se quejaron que los demandantes “han tenido que esperar m\u00e1s de una d\u00e9cada para recibir el pago de la oferta de compra que se les adeuda, y una demora adicional en la ejecuci\u00f3n ser\u00eda innecesaria e irrazonable”.<\/strong><\/p>\n\n\n\n “Argentina no tiene intenci\u00f3n de pagar el fallo, y ser\u00eda falso que sugiriera lo contrario. Por lo tanto, los demandantes solicitan respetuosamente una conferencia previa a la presentaci\u00f3n de su moci\u00f3n propuesta, de acuerdo con la secci\u00f3n 1610(c), solicitando una orden que establezca que la suspensi\u00f3n de 30 d\u00edas prevista en la Regla 62(a), es un “per\u00edodo de tiempo razonable”, y que la ejecuci\u00f3n pueda comenzar despu\u00e9s de eso”, dijeron los abogados de Burford, en su presentaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El gobierno argentino ya avis\u00f3 que apelar\u00e1 la sentencia de la jueza Loretta Preska, de Nueva York, lo que le permitir\u00eda ganar tiempo. 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