(Corresponsalia Buenos Aires) – El multimillonario británico Joe Lewis, conocido por ser el dueño polémico de campos en la Patagonia y aliado de jueces y fiscales cercanos al macrismo, fue detenido en Estados Unidos bajo sospecha de fraude financiero y traficar información privilegiada. La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York lo acusó de proporcionar repetidamente información confidencial sobre empresas cotizantes en bolsa a allegados, quienes obtuvieron beneficios sustanciales con la compra y venta de acciones.
Durante el proceso judicial, se reveló que Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas para brindar información privilegiada a sus parejas sentimentales, asistentes personales, pilotos privados y amigos. Estos procedimientos realizados transacciones financieras se basaron en dicha y obtención de ganancias significativas, lo que llevó a las operaciones financieras en su contra.
Entre los ejemplos señalados, se encuentra el caso en el que Lewis le dijo a una novia que invirtiera en una empresa de biotecnología antes de que se hicieran públicos los resultados de un ensayo clínico. Supuestamente, él mismo invirtió en la empresa utilizando los fondos de la cuenta bancaria de la novia y obtuvo ganancias considerables al vender las acciones después del anuncio público.
Joe Lewis, de 86 años y residente en Bahamas, se declaró “no culpable” en su primera comparecencia ante el tribunal estadounidense. Para ser liberado mientras enfrenta la investigación, pagó una fianza de 300 millones de dólares, utilizando como garantías su yate Aviva de 98 metros de largo y su avión privado. También se le impuso la restricción de permanecer en los estados de Nueva York, Georgia o Florida y entregar sus pasaportes.
El magnate británico, con un patrimonio superior a los 6.000 millones de dólares según Forbes, es propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur y tiene participaciones en negocios como la cadena británica de bares Mitchells & Butlers.
Además de las protestas en Estados Unidos, en Argentina, Joe Lewis enfrenta protestas de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, un cuerpo de agua de importancia estratégica. La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la intervención judicial de su empresa Hidden Lake, argumentando que es una “pantalla jurídica” para imponer el acceso público a Lago Escondido, a pesar de fallos judiciales previos que garantizan este derecho.
Además, existe otra investigación relacionada con una visita de jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín a la estancia en la misma fecha, lo que ha llevado a varios imputados en esa causa.
Es importante recordar que todas las alegaciones mencionadas aquí están sujetas al proceso legal y deben ser probadas en el tribunal correspondiente antes de que se establezca cualquier culpabilidad o inocencia.